INVESTIGACIÓN | ¿Quién paga los platos rotos? Pérdida de derechos laborales y profundización de la crisis de los cuidados para las docentes de ocho países de América Latina durante la pandemia
La RED de Trabajadoras de la Educación de la Internacional de la Educación América Latina coordinó proceso de estudio con el Centro Feminista de Investigación y Acción (CEFEMINA)
Por Bolívar Rojas Vargas
Comunicador, IEAL
En marzo de 2020, los gobiernos de América Latina empezaron a tomar medidas de emergencia para contrarrestar la amenaza que representaba el virus SARS-COV-2, más conocido como COVID-19. Los textos de historia darán cuenta de las medidas y prioridades de cada gobierno, algunos encaminados a proteger a la población y otros orientados a defender intereses económicos particulares.
Pero, más allá de estas valoraciones, es probable que pasen algunos años antes de que podamos dimensionar en toda su extensión las consecuencias de estos hechos. En el tema de derechos laborales de las trabajadoras de la educación y la crisis de los cuidados, la investigación “¿Quién paga los platos rotos?” da luces sobre las consecuencias de la pandemia y las medidas tomadas por los gobiernos de la región.
La investigación fue realizada por el Centro Feminista de Investigación y Acción (CEFEMINA-Costa Rica) bajo indicación y coordinación de la Oficina Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), así como con el apoyo de las organizaciones afiliadas, articuladas en la RED de Trabajadoras de la Educación de la IEAL. El estudio se desarrolló en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú, con el objetivo de conocer las medidas tomadas en cada país ante la llegada de la pandemia y la incidencia de estas decisiones políticas en la precarización de las condiciones de trabajo de las educadoras y sobre la crisis de los cuidados.
La investigación realizada previamente por CEFEMINA: ‘Sostener el futuro: educar y cuidar sin recursos ni apoyo’, puso en evidencia cómo las educadoras asumieron la responsabilidad de asegurar los procesos educativos durante los picos de la pandemia de COVID-19, mientras respondían además a una desigual carga de las labores del hogar. Todo esto sin una participación significativa de las autoridades educativas.
Esta nueva investigación responde a la pregunta planteada en su título, al evidenciar los retrocesos en materia de derechos laborales y la sobrecarga de labores de cuidados para las mujeres como elementos comunes en los países estudiados.
Derechos laborables desechables
La mayoría de los gobiernos de los países evaluados establecieron medidas orientadas a proteger a las empresas, con lo cual se descartaron, en un corto plazo, conquistas en materia de derechos laborales alcanzadas tras décadas de luchas. Estas decisiones se tomaron y ejecutaron en un contexto de confinamiento y aislamiento físico, lo que limitó cualquier reacción o movilización por parte de las organizaciones sindicales, incapaces de emplear una de sus principales fortalezas políticas para incidir en la agenda pública: la protesta en la calle.
Se descartaron, en un corto plazo, conquistas en materia de derechos laborales alcanzadas tras décadas de luchas
En diferentes países se aprobó la reducción de jornadas laborales y suspensiones de contratos sin compensación para las personas trabajadoras. Se suspendieron o disminuyeron las contribuciones empresariales a los sistemas de seguridad social e incluso se permitió el despido sin responsabilidad laboral. Estas medidas contribuyeron a un inédito aumento del desempleo y un deterioro generalizado de las economías familiares.
A la vez que se tomaban estas medidas violatorias de los derechos laborales, se apostó por políticas de reducción del Estado y recortes a la inversión social, lo que debilitó, aún más, la capacidad de los Estados para intervenir ante la crisis económica desatada por la pandemia.
Las autoridades responsables de estas decisiones las presentaron como la única solución ante la situación de emergencia; sin embargo, el gobierno de Argentina demostró con el ejemplo que era posible actuar en favor del interés colectivo por encima de intereses económicos privados.
En contracorriente con las acciones de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, Argentina estableció la protección del empleo al prohibir los despidos y subvencionar los salarios de las empresas afectadas por el cierre o la caída de la producción, además, facilitó créditos favorables a las empresas y redujo las deudas a las compañías con incrementos en su planilla. Estas medidas se orientaron a asegurar la continuidad de las relaciones laborales y amortiguaron la pérdida de empleos.
Romper la educación
Las políticas de austeridad fiscal y desfinanciamiento de la inversión social impactaron directamente en los sistemas educativos públicos. Las personas trabajadoras de la educación fueron forzadas a realizar trabajo remoto sin capacitaciones previas ni condiciones materiales para las diferentes formas de educación virtual. Particularmente, las mujeres educadoras tuvieron que lidiar con la sobrecarga de las labores del hogar mientras atendían a sus estudiantes por medio de diferentes plataformas tecnológicas.
Independientemente de las modalidades de educación no presencial implementadas, los costos adicionales fueron trasladados a las personas docentes. Dispositivos electrónicos, conexión a Internet y planes de datos fueron algunos de los elementos aportados por el sector docente para dar continuidad a los procesos educativos, en medio de la improvisación y falta de orientación por parte de las autoridades educativas.
Los gobiernos impusieron las condiciones en que se pretendió dar continuidad a los ciclos lectivos de forma autoritaria, sin consultar a las personas docentes ni a las organizaciones sindicales
En la mayor parte de los países incluidos en la investigación, los gobiernos impusieron las condiciones en que se pretendió dar continuidad a los ciclos lectivos de forma autoritaria, sin consultar a las personas docentes ni a las organizaciones sindicales. Ante este escenario, los sindicatos de la educación desarrollaron una intensa actividad buscando un diálogo para coordinar la respuesta a la pandemia y dar continuidad a los procesos educativos. Pese a esta iniciativa, las autoridades ignoraron estas acciones y tomaron decisiones de forma unilateral.
Nuevamente, Argentina fue la excepción a ese contexto, según indica en el resumen ejecutivo de la investigación:
- De los ocho países incluidos en este estudio, únicamente en Argentina hubo desde el inicio disposición de parte del ejecutivo nacional para entablar estos necesarios diálogos. Las paritarias docentes que Macri suspendió durante su gestión se reactivaron y durante 2020 y 2021 han llegado a acuerdos en diferentes campos que han sido respetados por las autoridades. (Carcedo y otras, 2022, pág. 28)
El gobierno argentino también destacó por incluir a la docencia en las primeras etapas de los programas de vacunación, una vez que estuvieron disponibles las distintas vacunas contra COVID-19.
En los países estudiados, la labor realizada por las y los docentes durante los primeros meses de la pandemia fue invisibilizada e ignorada. Así se desarrollaron, o más bien se dio continuidad a, campañas de desprestigio hacia el gremio docente, lo que sirvió como justificación para los ataques a los derechos de las personas trabajadoras de la educación. “En Costa Rica, Honduras y Perú, y en Paraguay en los primeros meses, se cuestionó que siguieran percibiendo el salario cuando estaban en sus casas”, señala el documento (pág. 29).
¿Quién lava los platos?
Las investigadoras coincidieron al señalar que, durante la pandemia, se profundizó la crisis de los cuidados en todos los países donde se desarrolló el estudio. Las medidas de aislamiento físico implicaron la presencia permanente de todos los integrantes de las familias en la misma vivienda, con lo cual aumentó la demanda de limpieza, preparación de alimentos, atención de menores y adultos mayores o personas con discapacidad e incluso adultos no dependientes.
Previo a la pandemia, las encuestas del uso del tiempo en países como Argentina, Perú, Costa Rica, Honduras o Colombia evidenciaban una marcada división sexual del trabajo en la región, con las mujeres asumiendo en solitario la carga de demanda de cuidados de los hogares. Las medidas adoptadas por los Estados recargaron el peso de las tareas de cuidados en las familias y, de una forma desproporcionada, sobre las mujeres, según indicaron investigaciones realizadas en Argentina, Colombia y Costa Rica.
Las medidas adoptadas por los Estados recargaron el peso de las tareas de cuidados en las familias y, de una forma desproporcionada, sobre las mujeres
Las autoras de la investigación señalaron que el contexto de la pandemia demostró que en periodos de crisis las mujeres y sus necesidades son descartables y que los impactos de la pandemia en la igualdad de género a mediano y largo plazo aún están por verse.
- La pandemia evidenció la ceguera de los Estados frente a las desigualdades entre géneros; la mayoría no consideró el impacto que las medidas adoptadas podrían tener sobre las mujeres. Asimismo, quedó en evidencia el papel central del trabajo de cuidados y doméstico remunerado y no remunerado para el sostenimiento de la vida. Las mujeres asumieron la carga pesada de los cuidados sin apoyos y, en el caso de las educadoras, estas tareas se extendieron hacia el estudiantado y sus familias cuando las respuestas estatales no alcanzaban. (Carcedo y otras, 2022, pág. 38)
Las mujeres educadoras, mayor parte de los cuerpos docentes en todos los países de la región, enfrentaron así una suma de situaciones que afectaron sus ingresos, su estabilidad laboral, su desarrollo profesional, su salud física y mental. Las docentes demostraron, durante la pandemia, ser capaces de “enfrentar tanto los retos de la precarización del trabajo docente como los de la inédita sobrecarga de trabajo de cuidados” (pág. 36). Parece entonces evidente la respuesta a la pregunta planteada en el título de la investigación.
El documento queda como un registro para la RED de Trabajadoras de la Educación y las organizaciones afiliadas a la IEAL, que da cuenta hacia el futuro de la magnitud del impacto de la pandemia, la crisis económica subsecuente y las medidas tomadas por los Estados, en materia de derechos laborales y la profundización de la crisis de los cuidados en América Latina.
Corresponde ahora trabajar para recuperar el terreno perdido, continuar luchando para volver a avanzar en derechos laborales y derechos humanos de las mujeres.
Las luchas de la RED de Trabajadoras de la Educación por mayor igualdad y en contra de la violencia nos dan un punto de partida para que las organizaciones sindicales de la educación sumen a sus reivindicaciones una organización social de los cuidados más justa.
A lo interno de los sindicatos debe reflexionarse sobre la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las labores de cuidados, y además debemos procurar que la corresponsabilidad sea asumida también por los Estados, empleadores, comunidad y las familias. La demanda de servicios estatales de cuidados universales es una medida concreta hacia mayor justicia en la distribución de las tareas de cuidados.
La investigación está disponible para lectura y descarga en la sección de “Publicaciones” del sitio web de la IEAL (www.ei-ie-al.org) o bien en este enlace.
Lea y descargue la Revista RED Vol. 9 2023 en este enlace o a continuación.
Referencias:
Carcedo, A., Lexartza, L., Kennedy, M., Chaves, M., Paniagua, A. (2022). Resumen ejecutivo. En Centro Feminista de Información y Acción (Ed.), ¿Quién paga los platos rotos? (pág. 8-42). San José, Costa Rica. Editorial Internacional de la Educación América Latina.
