La pandemia provocada por la expansión del coronavirus (COVID-19) a escala global afecta a todas las naciones, y lo hace muy fuertemente en el conjunto de países de América Latina y el Caribe al impactar directamente sobre profundas desigualdades estructurales y de coyuntura. La crisis sanitaria, la recesión económica y las consecuencias del distanciamiento físico en el conjunto social han llevado a la región a una situación inédita, que se yuxtapone con situaciones críticas preexistentes a nivel económico y político-social.

El movimiento sindical de la educación se articula a través del Movimiento Pedagógico Latinoamericano como mecanismo político organizativo, con el objetivo de actualizarse sobre el avance del proceso de privatización y comercio educativo. También para formular, de manera documentada, propuestas de política pública educativa alternativa a la política neoliberal, que se viene implementando en los países de América Latina. 

Los experimentos educativos fallidos del Banco Mundial en países centroamericanos

En el caso de la República Dominicana, dos rasgos han caracterizado el desarrollo de la política educativa durante la última parte del siglo XX y comienzos del XXI. Por un lado, el Estado dominicano ha mostrado serias dificultades para lograr sostener un nivel de inversión en educación aceptable y comparable con el de otros países de la región. A lo largo del período, la inversión en educación expresada como porcentaje del PIB se mantuvo prácticamente en todos los casos por debajo del 2 %.

La participación directa de docentes jóvenes en las organizaciones sindicales de la educación y de sectores populares genera la complementariedad y fuerza colectiva de las estructuras sindicales y los movimientos sociales de América Latina.

La crisis de la COVID-19 ha afectado a los sistemas educativos de todo el planeta. El «giro» hacia la «formación en línea» y la «enseñanza a distancia de emergencia» han convertido las tecnologías de la educación (también conocidas en inglés como edtech) en un componente fundamental de la educación en todo el mundo, otorgando al sector privado y a las organizaciones comerciales un papel central en los servicios educativos esenciales.

La Internacional de la Educación para América Latina, en conjunto con sus organizaciones afiliadas de la región, de manera anual, realizan un Encuentro Regional
de Pueblos Indígenas, con el objetivo de discutir la situación de la educación pública indígena y su vínculo en las organizaciones sindicales.

La educación es un derecho humano y un bien público. Los gobiernos elegidos democráticamente, ya sea a nivel local, regional o nacional deberían ser los garantes y principales proveedores de los sistemas de educación. Estos gobiernos tienen la responsabilidad de procurar que la educación gratuita y universal disponga de recursos suficientes y se actualice y desarrolle constantemente.

En América Latina, la educación superior ha vivido, en las últimas décadas, dos procesos significativos que no pueden desconocerse para comprender su configuración actual. Por un lado, una marcada expansión en tres sentidos: el incremento sostenido de la matricula; la multiplicación de las instituciones; y el crecimiento y la diversificación de las carreras, los niveles y los títulos que se ofrecen entre el pregrado y el posgrado.

La Revista de la RED de trabajadoras de la Educación, de la Internacional de la Educación para América Latina, en su número seis, continúa siendo una herramienta para socializar y mostrar de alguna manera lo que pasa en América Latina, respecto a diversos temas, desde una mirada sindical, de género y con conciencia de clase.