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En América Latina, la educación superior ha vivido, en las últimas décadas, dos procesos significativos que no pueden desconocerse para comprender su configuración actual. Por un lado, una marcada expansión en tres sentidos: el incremento sostenido de la matricula; la multiplicación de las instituciones; y el crecimiento y la diversificación de las carreras, los niveles y los títulos que se ofrecen entre el pregrado y el posgrado. Por otro lado, la regresión en el financiamiento público de las universidades que se produjo en el período que se abrió con el fin de las dictaduras en los años 80, en un contexto de hegemonía neoliberal, llevó a que la expansión antes referida se hiciera en condiciones que precarizaron a las instituciones y que forzaron la búsqueda de recursos del sector privado.

Así fue como se produjo una expansión del mercado en términos políticos y simbólicos. Es decir, el mercado se puso en el centro ya no sólo de la esfera económica, sino también de las políticas públicas, en buena medida, de la mano del impulso dado al comercio transnacional tanto a través de los tratados de libre comercio (TLC) como de políticas nacionales e internacionales afines el engrosamiento de las corporaciones. La educación, en general, y las universidades, en particular, fueron vistas como oportunidades de negocios y definidas por los propios TLC como servicios comercializables (Feldfeber y Saforcada, 2005). Del mismo modo, el conocimiento fue revestido de un valor económico directo y esto se tradujo en regulaciones internacionales vinculadas con su comercio a través de capítulos de TLC (o tratados específicos) establecidos en relación con las patentes y la propiedad intelectual (Saforcada 2008).