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En el caso de la República Dominicana, dos rasgos han caracterizado el desarrollo de la política educativa durante la última parte del siglo XX y comienzos del XXI. Por un lado, el Estado dominicano ha mostrado serias dificultades para lograr sostener un nivel de inversión en educación aceptable y comparable con el de otros países de la región. A lo largo del período, la inversión en educación expresada como porcentaje del PIB se mantuvo prácticamente en todos los casos por debajo del 2 %. Las contadas excepciones a esta regla general tuvieron que ver más con caídas transitorias del PIB que con incrementos reales en los montos destinados a educación (Verger, Moschetti & Fontdevila, 2017). 

Por otro lado, durante este mismo período y de manera claramente relacionada, la República Dominicana ha sido escenario de un crecimiento sostenido del alumnado escolarizado en «escuelas privadas de bajo costo», dirigidas a familias con recursos limitados (Flores, 1997; Gilberti, 2013). Este fenómeno se ha explicado como la consecuencia esperable de la pasividad o limitada capacidad de respuesta del Estado ante una demanda educativa creciente. Así, en los contextos eminentemente urbanos como Santo Domingo y Santiago de los Caballeros y sus conurbaciones, el rápido crecimiento demográfico y la falta de inversión educativa estatal han significado el surgimiento y consolidación de un subsector privado que opera, en la amplia mayoría de los casos, de manera irregular.