Denuncias

El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina ha sido informado por su organización afiliada en Uruguay, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES), sobre una resolución de las autoridades de Educación Secundaria del país sudamericano en la que comunica el inicio de un Sumario Administrativo, concomitantemente con la separación del cargo y retención del 50% de sus haberes, a catorce docentes y una funcionaria de servicio en el Liceo 1 de la ciudad de San José.

La sanción señala una supuesta violación a la laicidad en la educación pública, por la publicación de una fotografía como parte de la campaña “No a la reforma” en el año 2019.

Ante esta situación expresamos nuestra solidaridad con FeNaPES y las y los educadores afectados. Consideramos que esta medida constituye un mecanismo de persecución y sanción hacia las y los trabajadores, así como a las organizaciones representativas, violentando su libertad de expresión y su libertad sindical conforme lo establecen los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Rechazamos cualquier medida de persecución y violación del derecho al trabajo, a la libertad de expresión y la acción sindical, incongruentes con una democracia plena. Hacemos un vehemente llamado a las autoridades educativas de la República Oriental del Uruguay para que se revise la resolución violatoria de los Derechos Humanos de las y los docentes afectados, y se les restituya en sus cargos.

La sanción señala una supuesta violación a la laicidad en la educación pública, por la publicación de una fotografía como parte de la campaña “No a la reforma” en el año 2019. 

Ante esta situación expresamos nuestra solidaridad con FeNaPES y las y los educadores afectados. Consideramos que esta medida constituye un mecanismo de persecución y sanción hacia las y los trabajadores, así como a las organizaciones representativas, violentando su libertad de expresión y su libertad sindical conforme lo establecen los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Rechazamos cualquier medida de persecución y violación del derecho al trabajo, a la libertad de expresión y la acción sindical, incongruentes con una democracia plena. Hacemos un vehemente llamado a las autoridades educativas de la República Oriental del Uruguay para que se revise la resolución violatoria de los Derechos Humanos de las y los docentes afectados, y se les restituya en sus cargos. 

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