Uruguay: sindicatos de la educación movilizados para llevar a referendum ley regresiva

FeNaPES y FUM-TEP recolectan firmas para someter a referendum la Ley de Urgente Consideración aprobada por el gobierno 

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES) y la Federación Uruguaya del Magisterio – Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP), afiliadas a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), se movilizan para alcanzar las firmas necesarias para someter a referendum los 135 artículos más regresivos de la Ley de Urgente Consideración aprobada por la coalición de gobierno de derecha y extrema derecha. El esfuerzo, articulado junto al PIT-CNT en la Comisión Nacional Pro Referendum, une a sectores sociales y políticos que rechazan las condiciones impuestas por la legislación aprobada en el contexto de emergencia sanitaria. 

El pasado 22 de junio la Comisión Nacional Pro Referendum anunció que se han conseguido 572 551 firmas. Aún es necesario conseguir la adhesión de 25% del padrón electoral para realizar el referendum y el plazo se extiende hasta el próximo 9 de julio, fecha en la que se cumple un año de la promulgación de la LUC. 

“Falta poco, sé parte de la hazaña. ¡Sumáte! desde tu filial, junto al Plenario, a un grupo de vecinas o de vecinos, junto al movimiento estudiantil”, motivó a su afiliación José Olivera, Presidente de FeNaPES, recordando otras gestas y luchas del pueblo uruguayo. 

“Estamos a días de un nuevo maracanazo por parte del pueblo uruguayo. No te quedes afuera, tu firma define la habilitación del referéndum para derogar 135 artículos de la LUC”, comparte FUM-TEP en su página de Facebook. 

La lucha sindical en contra de los recortes del actual gobierno al presupuesto educativo, la recolección de las firmas necesarias para realizar el referendum y la denuncia y beligerancia contra las tendencias privatizadoras y mercantilizadoras de la educación pública uruguaya, han desatado una campaña sistemática de persecución y deslegitimación social, articulada desde grandes medios de comunicación, legisladores y representantes gubernamentales. El Comité Regional de la IEAL tomó nota de los ataques hacia FeNaPES y emitió una declaración de solidaridad y rechazo a la persecución sindical: 

Ante estos hechos rechazamos el avance autoritario que pretende criminalizar la protesta social y desprestigiar públicamente a las organizaciones sindicales y sus liderazgos. Y hacemos un llamado a las autoridades uruguayas y la sociedad en general a respetar y defender los principios de Libertad Sindical plasmados en la legislación de la República Oriental del Uruguay, su Constitución Política y Convenios internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Denunciamos la motivación política de la instalación de una comisión investigadora en el Parlamento Uruguayo, basada en los señalamientos del diputado Felipe Schipani y la desproporcionada cobertura mediática que ha acompañado esta campaña contra FeNaPES. Expresamos nuestra preocupación por la continua tendencia de ataques por parte de representantes de la coalición de gobierno a la libertad sindical, al derecho de licencia sindical y su legítimo ejercicio.  

Acompañamos a FeNaPES y su dirigencia en la lucha en defensa de la educación pública uruguaya y los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Repudiamos la persecución política y el autoritarismo, así como los intentos de deslegitimar a la organización sindical y socavar las libertades sindicales. Expresamos nuestra solidaridad con FeNaPES y reclamamos el cese de los ataques y la persecución. 

Señala la declaración firmada por Hugo Yasky, Presidente del Comité Regional de la IEAL y el resto de sus integrantes. 

La Comisión Nacional Pro Referendum solicitó al gobierno de Lacalle Pou una cadena nacional para informar a la población sobre un tema de alto interés público, sin embargo el gobierno negó esta posibilidad. Además ante soliditud de uno de los partidos que integran la coalición de gobierno, la Corte Electoral exhortó a FeNaPES a no usar la imagen del expresidente  José Batlle y Ordóñez en spots publicitarios para promover la recolección de firmas.

El gobierno de coalición de derecha y extrema derecha impulsó la LUC y consiguió su aprobación en el contexto de emergencia sanitaria, en julio de 2020. Esto limitó la movilización de los sectores sociales que se oponían al debilitamiento del papel del Estado y la limitación de la acción de las instituciones públicas. La promulgación de esta legislación ha facilitado la mercantilización de la educación pública uruguaya, y también promueve la flexibilización laboral y la precarización de los puestos de trabajo. 

Una vez que se presenten las firmas a la Corte Electoral, se procederá a la calificación afirmativa de estas, y la convocatoria a referéndum, el cual se prevé se realice en diciembre del presente año. En la consulta democrática los 135 artículos de la LUC impugnados serían derogados si así lo decide el 50% más 1 de los votos válidos.