INVESTIGACIÓN - “Sostener el Futuro: educar y cuidar sin recursos ni apoyo”: Desigualdades se afianzaron durante pandemia de COVID-19
Las mujeres educadoras cargaron con la responsabilidad de sostener los procesos educativos durante los picos de la pandemia de COVID-19, a la vez que asumían cargas desiguales en el hogar.
Por Alina Rodríguez
Comunicadora IEAL
Dos años y medio después del inicio de la pandemia de COVID-19, las personas educadoras aún cargan con las consecuencias de las políticas públicas que fueron improvisadas por los países de América Latina como respuesta a la emergencia sanitaria.
Apenas se empieza a analizar el impacto que este periodo tuvo en el sistema educativo y que tendrá en la formación de niños, niñas y jóvenes; pero, al hablar de este tema, no se puede olvidar el impacto que tuvo en los y las docentes, especialmente en las mujeres, quienes componen alrededor del 70 % de la fuerza laboral de este sector en la región latinoamericana.
Las medidas adoptadas por los gobiernos durante esta crisis han profundizado las tendencias que ya deterioraban el mercado laboral, como la creciente precariedad de los empleos y la violación de los derechos laborales.
En el caso específico de las mujeres, algunas de ellas tuvieron que salir de la fuerza de trabajo para atender a sus hijas e hijos, quienes, con el cierre de centros educativos, debían permanecer en el hogar. Otras vieron sus jornadas duplicarse al tener que asumir de manera desigual las tareas de cuidados.
Estas y otras brechas que crecieron durante la pandemia fueron evidenciadas por la investigación “Sostener el Futuro: educar y cuidar sin recursos ni apoyo”, realizada por la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) y el Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), con el objetivo de evidenciar tanto la labor de estas educadoras, como el impacto de la pandemia en esta.
En un conversatorio realizado el 15 de junio, como parte de la Conferencia Mundial de la Mujer de la Internacional de la Educación (IE), Ana Carcedo Cabañas, investigadora y presidenta de CEFEMINA, explicó la importancia de la investigación:
“(Los esfuerzos) que, desde el gremio de la educación, se han hecho para darle continuidad a los procesos educativos son enormes y contrastan con un discurso en contra del sector que tiende a ocultarlos. Por esto, creemos que uno de los mejores recursos que hay es sistematizar y divulgar qué es lo que se hizo y cómo fue que no se hundió totalmente la educación, porque se apoyó en los hombros de las educadoras”.
A través de encuestas, entrevistas y grupos focales realizados con mujeres de ocho países de la región, la investigación permitió conocer aspectos relacionados con las condiciones en las que las docentes ejercieron su labor en este periodo y los impactos de las medidas adoptadas frente a la pandemia, en particular, sobre los cambios sucedidos en los cuidados familiares y la violencia contra las mujeres. Posteriormente, una segunda parte del estudio permitió a las investigadoras de CEFEMINA confirmar muchas de las hipótesis esbozadas a partir de las encuestas.
Mediante esta metodología, el estudio identificó, por ejemplo, que menos de un 10 % de las educadoras viven solas y casi la mitad de ellas vive con niños o niñas. Algunas también comparten su hogar con personas adultas mayores o personas con discapacidad, mientras que, en muy pocos casos, se comparte el hogar con otras personas adultas que puedan compartir o asumir las tareas de cuido demandadas.
Al asumir la modalidad de trabajo desde la casa, el tiempo dedicado a las tareas de cuido aumentó para la mayoría de ellas y, con una jornada de trabajo también recargada, las mujeres debieron sacrificar el tiempo que dedicaban a ellas mismas y a actividades esenciales como el descanso.
Por otro lado, las medidas de confinamiento favorecieron la violencia contra las mujeres al interior de las familias. Las educadoras no fueron la excepción en este fenómeno señalado a nivel mundial: mujeres y niñas quedaron encerradas en casa con sus agresores y los centros educativos no fueron capaces de ofrecer el apoyo necesario.
“Necesitamos evitar que esta profundización de la crisis de cuidados se sostenga en el tiempo y nos encontremos con que terminamos la pandemia peor que como estábamos antes”, advirtió Carcedo.
Brechas que crecieron
El paso a la educación no presencial expuso las brechas sociales preexistentes entre familias de mayores y menores ingresos; entre áreas urbanas, rurales, urbano-marginalizadas y comunidades indígenas; así como entre la educación pública y la privada.
Desde antes de la pandemia, se sabía que las diferencias de condiciones –por ejemplo, la brecha digital– dificultan el acceso a la educación, sin embargo, la decisión sanitaria de establecer la educación no presencial en forma precipitada y generalizada dejó a las docentes sin los recursos necesarios para hacer el cambio de modalidad.
Según el estudio, más del 80 % de las educadoras de la región sufragaron con sus ingresos la adquisición de equipo y la conexión a internet necesaria para garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes.
Sin embargo, la inversión económica no fue suficiente en un contexto en el cual no se ofrecieron metodologías claras para la no presencialidad y las mismas educadoras debieron adaptar su labor a las necesidades particulares de cada estudiante.
La mayoría de ellas no tenía ni los conocimientos ni la experiencia necesaria para la enseñanza virtual y muy pocos países brindaron la capacitación necesaria, lo cual dejó a las docentes en la obligación de aprender de manera autodidacta o a través de algunos cursos brindados por los sindicatos. Sea cual fuera el caso, esta situación implicó para las educadoras muchas horas de inversión que en casi en la totalidad de los casos no fueron reconocidas.
Debilitamiento de los derechos laborales
El gremio de la educación ha sido uno de los menos afectados por los despidos y pérdida de empleos masiva durante la pandemia. pues más del 90 % de educadoras en cada país ha mantenido una relación laboral estable y más del 80 % ha mantenido su nivel de ingresos recibiendo el salario completo y a tiempo.
Sin embargo, esto no significa que los derechos laborales de las trabajadoras de la educación no hayan sido debilitados de otras maneras, pues, según la investigación, más del 86 % en cada país señaló el incumplimiento de la jornada de ocho horas con horarios establecidos.
“Necesitamos evitar que esta profundización de la crisis de cuidados se sostenga en el tiempo y nos encontremos con que terminamos la pandemia peor que como estábamos antes”, Ana Carcedo.
Así, la sobrecarga de trabajo fue una de las problemáticas identificadas con más frecuencia entre las mujeres que participaron en el estudio. Aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido enfática en la importancia del derecho a la desconexión, muchas educadoras vieron este tiempo desaparecer.
Este debilitamiento de derechos ha sido acompañado de un discurso público que cuestiona a las personas docentes y deposita en estas, y no en los gobernantes, la responsabilidad por la crisis del sector educativo.
"Hay dos cosas que están en el trasfondo de esta aparente contradicción: primero, que un sector feminizado es mucho más fácil de atacar y, en segundo lugar, que este contexto ha servido como atajo para profundizar tendencias como la mercantilización y la degradación del trabajo educativo”, reflexionó Carcedo.
Acción sindical
“Según las recomendaciones que damos en el estudio, la violencia contra las mujeres y el trabajo de cuidados son dos áreas en las que los sindicatos tienen un papel muy grande que jugar, tanto a nivel de políticas internas como a nivel nacional” aseguró la investigadora.
Una de las principales tareas que pueden asumir las organizaciones sindicales es realizar diagnósticos sobre el trabajo doméstico en las familias de las y los docentes, así como análisis sobre las representaciones sociales de las personas afiliadas en relación con la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en materia de cuidados.
Además, se debe fortalecer el liderazgo de las mujeres dentro de las estructuras gremiales y establecer iniciativas que brinden apoyo y orientación a las docentes que viven situaciones de violencia.
Por otro lado, los sindicatos deben impulsar la ratificación de los convenios de la OIT que se enfocan en estos asuntos (convenio 156 y convenio 190) y que podrían dar seguridad jurídica a las trabajadoras del país frente a situaciones de violencia; así como mantener en la agenda sindical docente como una demanda prioritaria la exigencia de servicios estatales de cuidados universales.
Finalmente, las investigadoras recomiendan que estas organizaciones se mantengan vigilantes de las violaciones sistemáticas a los derechos laborales y recurran a organismos internacionales para presentar consultas o denuncias sobre los retrocesos identificados en esta materia.
La investigación tomó en cuenta casos de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Perú. Se puede encontrar completa en la sección ´Publicaciones´ de la página web de la IEAL o en este enlace.
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