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En el contexto de los numerosos desafíos que enfrentan los sistemas de educación pública a escala mundial, la creciente privatización y mercantilización representa uno de los mayores desafíos para la igualdad en el acceso a una educación de calidad. Los países de América Central representan un caso singular por cuanto el camino hacia la adopción de políticas de privatización educativa se ha dado fundamentalmente, aunque de modo no exclusivo, a través de la llamada ‘vía del desastre’ (Saltman, 2015; Verger, Fontdevila & Zancajo, 2016). En este sentido, las situaciones de emergencia humanitaria y social, resultantes tanto de desastres naturales como de conflictos armados acaecidos en la región a partir de finales de la década de 1980, constituyeron un terreno fértil para la adopción de reformas educativas drásticas que en situación de normalidad encontrarían más dificultades para prosperar.

En el caso de Honduras, el proceso de descentralización de la gestión educativa ha sido uno de los ejes principales de la reforma educativa en el país. Enmarcada inicialmente en un programa de ‘modernización’ del Estado de principios de 1990, la descentralización educativa comenzó tibiamente con la aplicación del primer Programa de Ajuste Estructural de la economía impuesto por el gobierno conservador del Partido Nacional, coincidiendo con la implementación de reformas de SBM en los países vecinos.