Hugo Yasky: “Es un nuevo tiempo político para la educación pública”
Entrevista a Hugo Yasky, Presidente del Comité Regional de la IEAL
Entrevista realizada por Marcela Isaías, publicada en el semanario impreso El Eslabón y la web de noticias Redacción Rosario. Compartimos a continuación el texto íntegro de la nota.
El reciente triunfo de Gabriel Boric en Chile y la buena proyección de Lula en las encuestas para las elecciones generales que se vienen en Brasil, sumado a lo que vive la Argentina, configuran un panorama alentador para la educación pública de la región. Con esa idea acuerda el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), Hugo Yasky. Sin embargo, con igual énfasis, alerta a tener presente que “hoy conviven la esperanza con la preocupación por las políticas que impulsan los sectores de derecha”.
Hugo Yasky es maestro, estuvo al frente de la Ctera, y además de diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores preside la IEAL. Es una federación de organizaciones sindicales docentes de la región, que responde a la Internacional de la Educación (IE), el organismo mundial que representa a más de 30 millones de educadoras y educadores de diferentes naciones.
En marzo próximo, el secretario general de la IE, David Edwards, Yasky y la vicepresidenta de la IEAL, Fátima da Silva, recorrerán distintos países de la región para acompañar estos procesos que abren la oportunidad de cambios profundos para garantizar el derecho a la educación, como un bien social y humano.
“Haremos una gira en marzo para estar presentes con la Internacional de la Educación en Uruguay, pocos días antes del plebiscito, donde se está poniendo en centro de debate derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue un tremendo golpe contra la educación pública de ese país. Luego iremos a Chile y después a Colombia, donde también hay un proceso de cambio, que ha provocado muchos crímenes cometidos contra militantes sindicales del gremio docente”, repasa Yasky.
Además del recorrido por Chile y Colombia, la visita a Uruguay es clave para apoyar que se deje de lado la LUC, que impulsó el presidente Luis Lacalle Pou y entró en vigencia en julio de 2020. Se trata de una norma multipropósito, y que –tal como señala Yasky– golpeó de lleno en el terreno educativo, ya que abrió la puerta a un proceso de privatización de la educación pública. El 27 de marzo será esa consulta popular.
La agenda impostergable
En charla con El Eslabón, Hugo Yasky resalta lo relevante que es el triunfo de Boric en Chile, en especial para avanzar contra el modelo de educación chileno, caracterizado por la mercantilización de la enseñanza y por tanto admirado por la derecha regional. También el horizonte que abre la posibilidad cada vez más firme de que Lula triunfe en las elecciones generales de Brasil en 2022, y permita recuperar aquella educación liberadora que el gran maestro Paulo Freire dejó como legado.
El dirigente sindical y docente advierte además que será necesario profundizar las políticas públicas que atiendan a la pobreza y las desigualdades, la marca más profunda y dolorosa que dejó a la vista la pandemia y que también se muestra en las escuelas.
—El reciente triunfo de Boric en Chile, la buena proyección de Lula en Brasil para las próximas elecciones, ¿qué panorama educativo configuran en la región para 2022?
—Se abre una perspectiva favorable que nos ubica en un cambio de época. Sobre todo el triunfo en Chile, que tiene una trascendencia enorme para quienes seguimos resistiendo los avances de las recetas de la ortodoxia neoliberal, que toman al modelo de municipalización pinochetista como una especie de paradigma a seguir por los gobiernos de América Latina. Esto tiene tanta trascendencia que, en marzo próximo, el presidente de la Internacional de la Educación, David Edwards, y yo como presidente de la Internacional de la Educación para América Latina vamos a viajar a Chile. Será para participar junto con el Colegio de Profesores de Chile, que fue parte del Frente Popular que se impuso en las elecciones, en ese momento histórico de la asunción. El 11 de marzo Chile va a recuperar la posibilidad de un gobierno que lleva como programa todas las banderas que se levantaron en las movilizaciones y que se están discutiendo en la Constituyente: para volver a tener una universidad pública, sin arancelamiento, y escuelas públicas con garantía de financiamiento estatal. América Latina puede pensar que el próximo año estemos doblando la curva de lo que significó el apogeo de gobiernos que levantaron banderas que claramente hostigaron a los gremios docentes. Un ejemplo muy concreto es Bolsonaro en Brasil, que llegó a sancionar una ley que denominó Escuela sin partido y a prohibir la mención o lectura de textos de Paulo Freire. Empezamos un nuevo tiempo político, amigable para la educación pública y para los gremios docentes comprometidos con su defensa.
—Hay un cambio de mirada y posición política respecto de la educación en la Argentina; sin embargo, también la derecha está firme y acecha constantemente. ¿Qué desafíos tenemos como país?
—Eso es absolutamente cierto. Entramos en un tiempo en que los avances que veremos en Chile, probablemente en Brasil, sumado a lo de Bolivia, o lo de Perú con Castillo o en nuestro propio país, todo eso convive con fuertes movimientos políticos liderados por expresiones de derecha; que además constituyen una derecha belicosa que trata permanentemente de recuperar terreno y que cuenta con grandes medios hegemónicos a su servicio. De manera que, a diferencia de lo que fue cierto escenario idílico de principios del siglo XXI, cuando en la Argentina transcurría el año del rechazo al Alca (2005), por ejemplo, hoy los movimientos de derecha van a seguir marcando los de nuestras sociedades, van a seguir hostilizando y poniendo presión para tratar de lograr que estos intentos de recuperar el papel del Estado en relación con la educación choquen con quienes quieren restaurar los paradigmas neoliberales de la privatización. Será una etapa de avances pero también de tensiones, que se va a vivir en particular en torno a algunos debates y uno de ellos sin dudas será el de la educación.
—La pandemia dejó a la vista las desigualdades sociales que ya estaban. La pobreza es un golpe duro con el que se convive en las escuelas. ¿Qué se plantea la IEAL para hacerles frente?
—El avance de la pobreza en América Latina ha sido arrollador. Un estudio reciente elaborado en Francia habla de que el mundo es más injusto después de la pandemia: más riqueza en pocas manos, y más cantidad de pobres y desempleados. América Latina es una de las regiones que particularmente sufre todo esto. Nosotros sabemos que, en su totalidad, los alumnos de las poblaciones que viven por debajo de la línea de la pobreza son también los alumnos matriculados en la escuela pública. Por eso postulamos la necesidad de políticas activas del Estado para compensar el desequilibrio que, desde su condición de pobreza, limita el acceso a una educación de calidad de aquellos niños que pertenecen a las barriadas humildes. Ese papel activo tiene que ver con la necesidad de garantizar niveles de financiamiento adecuado, becas y un reposicionamiento del papel del acceso a la tecnología, a través de políticas públicas que le den al derecho a la conectividad una dimensión de conquista social y no de mercancía pasible de ser puesta en las góndolas de los supermercados. Estas definiciones las estamos impulsando en distintos países de América Latina. En algunos casos hemos logrado avances, como en la Argentina, donde a pesar de los grandes problemas que tenemos estamos con un ambicioso proyecto de ley para que la conectividad llegue a los sectores más humildes. También con un ambicioso programa de becas, porque hay que recuperar a quienes quedaron fuera de las escuelas. Y esas becas están financiadas, en una gran proporción, por lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas personales. Ese es un modelo que también vale para otros países de América Latina y así lo ha entendido la Internacional de la Educación.
La persecución sindical
En la última semana de diciembre se conoció un video en el que Marcelo Villegas, el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y cuando estaba en funciones, expresaba: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
Pasados los cuatro años del gobierno de Macri nadie duda de esas manifestaciones de Villegas, en especial por la persecución permanente que sufrieron los sindicatos. Y en particular, los docentes. Alcanza con recordar la represión a las maestras y maestros que instalaron la Escuela Itinerante frente al Congreso de la Nación (abril 2017) para reclamar por la restitución de las paritarias salariales o las reiteradas amenazas al dirigente de la Ctera y Suteba Roberto Baradel. Y, también más recientes (2020), las violentas declaraciones contra el magisterio de Soledad Acuña, la ministra de Educación del jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta. Acuña descalificó a la docencia en una entrevista al asegurar que quienes eligen la carrera son personas “cada vez más grandes” que pertenecen a “los sectores más bajos socioeconómicos” y por lo tanto tienen “poco capital cultural”. Además de invitar a las familias a que denuncien a las maestras que hacen “militancia política”.
“A medida que se conocen los dichos del ex ministro de Trabajo Villegas respecto de que tener una Gestapo sería la solución final contra los sindicatos, y que tomamos dimensión de lo que esto significa, crecen la indignación y el repudio”, afirma Hugo Yasky. También –al momento de la entrevista– el dirigente reclamaba que la ex gobernadora y el ex presidente de la Nación Mauricio Macri dejen de guardar silencio.
“Es tan grave la situación que es inadmisible que se guarde silencio, que se especule con que en un par de días la ciudadanía se va a olvidar y va a pasar a otro tema. No hay que dar vuelta a la página, tiene que actuar la Justicia, tiene que castigar a los responsables, porque hablar con nostalgia de la necesidad de una Gestapo para resolver las demandas de los gremios en el marco de la democracia es claramente una declaración que nos exime de mayores comentarios respecto del desprecio al estado de derecho”.
