Docentes paraguayos se movilizan en defensa del sistema solidario de jubilaciones
La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A) y la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN) de Paraguay, afiliadas de la IEAL, están organizando una serie de acciones en rechazo al proyecto de ley de Reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocido como Reforma de la Caja Fiscal, que será analizado en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados este jueves 5 de febrero. La iniciativa impacta directamente a trabajadoras y trabajadores de la educación y a otros sectores del servicio público, poniendo en riesgo derechos construidos tras décadas de servicio al Estado.
La defensa de una seguridad social basada en el sistema de reparto solidario está siendo sostenida de manera unitaria por la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que articula a organizaciones del magisterio —entre ellas OTEP-A y UNE-SN—, de institutos superiores y universidades, así como a jubilados de la policía y de las fuerzas armadas, y a personal de salud. Desde esta convergencia multisectorial se rechaza la imposición de una edad mínima como condición excluyente para jubilarse en educación y se defiende el reconocimiento de los años de servicio como criterio central. Asimismo, se exige mantener la tasa sustitutiva vigente, el aporte del 16% del magisterio y la contribución del Estado a la caja fiscal en su calidad de empleador.
Las organizaciones consideran especialmente alarmante que la propuesta del Poder Ejecutivo no contemple beneficios actualmente reconocidos, como la jubilación extraordinaria y la pensión para familiares en caso de fallecimiento en funciones. La eliminación o debilitamiento de estas garantías representaría un grave retroceso en materia de protección social y un desconocimiento de las condiciones reales del trabajo en el sector público.
Asimismo, señalan que, pese a haber presentado una contrapropuesta orientada a fortalecer la sostenibilidad financiera de la caja fiscal sin recortar derechos, no han sido escuchadas. Por ello, han reiterado la solicitud de conformar una mesa técnica de diálogo que permita analizar el proyecto en profundidad y construir soluciones consensuadas.
Las organizaciones también advierten que el financiamiento de la caja fiscal se ha visto debilitado durante años por decisiones presupuestarias que habrían suspendido o reducido aportes estatales mediante leyes de presupuesto. En ese contexto, rechazan que ahora se pretenda trasladar el peso del sostenimiento del sistema a las y los trabajadores y a la ciudadanía.
La protección social, incluidas pensiones adecuadas, es parte esencial de las condiciones de trabajo docente. El Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente de las Naciones Unidas señala en su Recomendación 37 que estas condiciones deben garantizar “protección social y pensiones adecuadas” como parte del trabajo decente en educación.
Movilización nacional este 5 de febrero
En el marco del tratamiento legislativo del proyecto, las organizaciones sindicales convocaron a una movilización nacional para este 5 de febrero, fecha en que la reforma será discutida en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. La jornada de protesta busca visibilizar el rechazo a los aspectos regresivos de la propuesta y exigir la apertura de un diálogo social real con los sectores afectados.
Los sindicatos sostienen que una reforma previsional de esta magnitud no debe tramitarse de forma apresurada ni sin escuchar a quienes sostienen cotidianamente los servicios públicos, y reiteran que garantizar pensiones dignas no es un privilegio, sino un derecho derivado de años de trabajo al servicio de la sociedad.
