Costa Rica: sindicatos de la educación denuncian intento de restringir la libertad de enseñanza
Los sindicatos de la educación afiliados a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL) en Costa Rica expresaron su preocupación por la Circular DM-CIR-0047-2026 emitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP) de este país que, bajo el argumento de “garantizar la neutralidad político-ideológica” y "evitar el proselitismo en los centros educativos", podría poner en riesgo la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra de los y las docentes.
El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) coincidieron en señalar que el problema no radica en la prohibición del proselitismo partidario, que ya está establecida desde hace décadas, sino en el carácter intimidatorio de la circular y en el mensaje que transmite al personal docente.
En un pronunciamiento dirigido al ministro de Educación, el SEC sostuvo que "la circular no aporta nada sobre la neutralidad política e ideológica que debe mantener el personal docente frente al estudiantado" y advirtió que "lo preocupante es el momento en que se emite y el tono de redacción, pues da la impresión de buscar intimidar al Magisterio Nacional para que no critique la política educativa, no reclame salarios justos ni exprese su preocupación por la violencia y el deterioro de la democracia".
El sindicato recordó que la Ley Fundamental de Educación establece como uno de los principales fines de la educación costarricense "fortalecer la democracia, la dignidad humana, la solidaridad y el pensamiento crítico" y que los programas de Estudios Sociales y Educación Cívica obligan a enseñar la realidad política, económica y social del país para que el estudiantado "analice críticamente las distintas respuestas que plantean gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales".
Asimismo, el SEC enfatizó que "las personas docentes no deben adoctrinar ni hacer proselitismo político o ideológico. Pero eso no significa renunciar a formar ciudadanos críticos, reflexivos y conscientes". En ese sentido, concluyó que "la educación pública debe formar ciudadanía crítica, no sumisa", y afirmó que "ninguna circular podrá convertir a las personas docentes en simples transmisoras de obediencia".
Por su parte, la ANDE manifestó su "gran preocupación por estas disposiciones que pueden considerarse intimidatorias para quienes ejercen la docencia y tienen la responsabilidad de promover entre sus estudiantes la libertad ideológica también en el ámbito político, que junto con la libertad de expresión son pilares fundamentales de la democracia". Asimismo, recordó que "una de las libertades fundamentales que reconoce el orden constitucional costarricense es la libertad de enseñanza, propia de una educación libre y democrática, orientada a la formación humana y no al adoctrinamiento", por lo que "no puede ser limitada por prohibiciones injustificadas y fuera de contexto".
El sindicato añadió que la disposición "se convierte en un instrumento más para desprestigiar la labor del docente", generando "un clima de desconfianza para quienes ofrecen una loable función educativa en beneficio de la formación de mejores ciudadanos del futuro". Además, defendió que "la pedagogía formada en valores cívicos desarrolla el pensamiento crítico, prepara a las personas para comprender la realidad social y política, fomenta la escucha activa, propicia el diálogo entre pares, la discusión respetuosa y el intercambio de ideas".
Finalmente, la ANDE también lamentó que el tema "no se haya discutido con las organizaciones que representamos a miles de docentes en todo el país" y advirtió que "limitar la libertad de enseñanza es limitar el derecho a la educación" y que "cuando una disposición genera temor, intimidación o deja entrever mecanismos de persecución contra las personas docentes, no fortalece la educación; por el contrario, la debilita".
Las preocupaciones de las organizaciones costarricenses coinciden con lo advertido por las Recomendaciones del Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Profesión Docente, que instan a los gobiernos a garantizar la autonomía profesional del personal docente, basada en sus conocimientos, competencias y responsabilidades, así como a promover un clima de confianza y respeto. El Panel también recomienda asegurar la participación de los sindicatos de la educación en el diálogo sobre las políticas que afectan a la profesión.
