Costa Rica: SEC solicita diálogo social urgente, democrático e imperativo con autoridades
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense envió carta a parlamentarios
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), afiliado a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), envió una misiva a diputados y diputadas del país centroamericano solicitando diálogo urgente, democrático e imperativo con los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
La carta, firmada por Gilbert Díaz, Presidente del SEC, hace un llamado al diálogo ante el contexto de crisis económica motivada por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, e incluye las firmas de dirigentes de otras organizaciones sindicales costarricenses.
“El movimiento sindical ha aportado propuestas al Poder Ejecutivo, para atender los diferentes frentes de acción del Estado, para frenar y mitigar la pandemia y sus efectos, así como para mantener el empleo y los medios de vida de la población trabajadora; hemos solicitado al Gobierno, en todos los casos, establecer espacios de diálogo social, para ayudar a encontrar fórmulas de política pública y medidas equilibradas que subsanen o alivien los daños económicos y sociales de las personas trabajadoras, para que sean gestionadas socialmente con justicia y equidad”, señala la comunicación.
La carta expresa la falta de diálogo que hasta ahora han tenido las autoridades costarricense con las organizaciones sindicales y movimientos sociales, a la vez que se atienden las solicitudes y propuestas de poderosos grupos empresariales y se incluyen en la agenda política del gobierno. Los recortes a instituciones públicas y la disminución de jornadas y salario para trabajadores públicos también son reseñados en el texto.
El documento insiste en que “es justo y democrático que se escuche al sector de los trabajadores y trabajadoras con el mismo respeto, diligencia y debida atención, lo que no ha ocurrido”.
Lea a continuación el documento íntegro:
Miércoles 22 de julio, 2020
Señoras y Señores
Diputadas y Diputados
Asamblea Legislativa, Costa Rica
Estimadas señoras y señores:
Por este medio queremos solicitar su atención a los planteamientos siguientes sobre políticas públicas y acciones legislativas en proceso a raíz de la COVID 19, y que en nombre de nuestras y nuestros representados y de la clase trabajadora en general sometemos en esta carta para su consideración.
La pandemia está provocando graves daños a la salud de muchas personas y además afecta y afectará severamente el empleo y los medios de vida de gran parte de la ciudadanía, tanto de la economía formal como de la economía informal. La vulnerabilidad ha aumentado para muchas categorías de trabajadoras y trabajadores. La COVID 19 ha puesto en evidencia el descuido, en los últimos años, de instituciones claves para el Estado y, por ende, las brechas crecientes de pobreza, exclusión y desigualdad social, con muchas posibilidades de ampliarse cada vez más a la totalidad de la fuerza laboral.
Sin duda, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social han tenido un papel muy destacado para enfrentar la crisis sanitaria; así como, complementariamente, importantes instituciones públicas como el AyA, entre otras. Aunque en una situación como la presente, ambas entidades requieren mucho más respaldo e inversión económica y de recursos humanos para asegurar la atención integral de las necesidades sanitarias de la población. Algunas medidas temporales de apoyo económico que se aprobaron para las trabajadoras y trabajadores afectados por la crisis también son importantes sin duda.
El movimiento sindical ha aportado propuestas al Poder Ejecutivo, para atender los diferentes frentes de acción del Estado, para frenar y mitigar la pandemia y sus efectos, así como para mantener el empleo y los medios de vida de la población trabajadora; hemos solicitado al Gobierno, en todos los casos, establecer espacios de diálogo social, para ayudar a encontrar fórmulas de política pública y medidas equilibradas que subsanen o alivien los daños económicos y sociales de las personas trabajadoras, para que sean gestionadas socialmente con justicia y equidad. Además, hemos planteado propuestas para la recuperación y la reactivación económica. Seguimos sin comprender por qué se deja al Banco Central al margen de las soluciones de financiación, cuando una parte de sus reservas podría utilizarse en lugar de optar por pedir créditos externos, en que lo barato sale caro.
Sin embargo, hasta la fecha no hemos encontrado ninguna disposición gubernamental para ese diálogo social urgente, imperativo y democrático, ni tampoco las autoridades han considerado tomar en cuenta ninguna de las medidas que los sectores laborales hemos propuesto, en una actitud lamentable e inexplicable que a nivel interno y a nivel internacional tiene una imagen histórica muy diferente.
En contraste, vemos como sí se escucha solícitamente a grupos empresariales que han logrado integrar sus intereses en la agenda política del Ejecutivo con más ventajas que cualquier otro sector. Estamos de acuerdo en que debe escucharse a los empresarios y a todos los sectores para ayudar a que las empresas no cierren o quiebren, y se mantengan los puestos de trabajo y los salarios. Pero también es justo y democrático que se escuche al sector de los trabajadores y trabajadoras con el mismo respeto, diligencia y debida atención, lo que no ha ocurrido. Así lo entiende también la comunidad internacional en el seno de la OIT y de las Naciones Unidas para la ejecución de la Agenda 2030, especialmente en lo atinente al ODS número 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico.
En los próximos días, semanas y meses, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se van a enfocar en proyectos de ley posiblemente orientados, entre otros, a la flexibilización laboral, a reformar el empleo público, a regravar con impuestos los salarios de las trabajadoras y trabajadores públicos y a reducir el presupuesto de instituciones públicas vitales como el AyA, ICE, CNFL, PANI, entre otras, con el fin de reducir ese gasto público. Pero no se ve el mismo interés gubernamental de mejorar la recaudación de impuestos para evitar el fraude y la elusión fiscal de las empresas evasoras, impulsando una nueva legislación que refuerce los mecanismos y el control estricto de esta obligación, cuyo efecto no sería inmediato, pero sería notoriamente positivo para el tesoro público a corto plazo, lo que además será indispensable para los años de postpandemia. En nuestro país, como en muchos otros del mundo, la gente está reclamando con firmeza que se grave a los grandes capitales, los intermediarios financieros, y las grandes fortunas y patrimonios.
En el caso de la propuesta del Gobierno de reducir indiscriminadamente la jornada y salario de 35 mil trabajadoras y trabajadores públicos, sin más criterio que un límite salarial elegido de modo arbitrario, usando supuestos parámetros para el sector privado, nos parece un criterio realmente desenfocado, distorsionador de la función pública y ajeno a las necesidades de atención social de los servicios públicos. Este tipo de intenciones conllevan riesgos de malestar, tensiones y conflictividad social en nada bueno para enfrentar la situación actual.
Estamos conscientes de que todas y todos debemos aportar a solucionar la crisis que vive el país y de acuerdo con sus posibilidades. Las trabajadoras y trabajadores del sector público ya han hecho su aporte de varias maneras; ya se les ha quitado parte de sus salarios con la reforma fiscal, y se les han congelado aumentos salariales concertados. Y lo más importante: hacen posible mantener activos todos los servicios públicos que garantizan la institucionalidad, sin la cual el Estado y la sociedad no pueden funcionar. Esta ocurrencia simplista del Gobierno provocará un daño a las familias de los empleados públicos, a sus medios de vida, a su entorno comunitario, en muchos casos irreversible. No es correcto desvestir un santo para vestir a otro, siendo el Estado y su buen gobierno quien debe resolver la problemática colectiva, no a costa de perjudicar a una parte esencial de la fuerza laboral.
Es muy injusto que se pretenda afectar aún más al sector público, y se mantenga la ausencia de un diálogo social adecuado, sin contar con un estudio serio, fundamentado, calibrando con rigor técnico sus efectos secundarios sobre otras instituciones claves o sobre los propios servicios del Estado, incluso sobre el sector privado, justamente ahora en un momento tan delicado.
Creemos en el diálogo social efectivo, el cual sólo es factible fruto de la voluntad política y la buena fe de las personas e instituciones democráticas. Por eso apelamos a su mejor criterio de representación patriótica en aras de encontrar las iniciativas más idóneas de solución a la crisis sanitaria y económica, para que sus deliberaciones sobre todo proyecto a debatir hagan justicia con la clase trabajadora y el pueblo en general.
En conclusión, Costa Rica requiere de un nuevo pacto social, que se puede lograr mediante un proceso de concertación nacional donde participen distintos actores sociales sea: Sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de desarrollo comunal, cooperativas y cualesquiera otras organizaciones representativas de la sociedad civil.
Consideramos, señores diputados y señoras diputadas, que desde la Asamblea Legislativa debe impulsarse este proceso de concertación nacional considerando que constitucionalmente ustedes tienen la representación del pueblo, que hoy día requiere de sus buenos oficios para darle solución a las necesidades que tiene producto de esta crisis.
En virtud de lo anterior les solicitamos, respetuosamente, establecer un canal de comunicación con ustedes para iniciar un diálogo social que garantice y contribuya a una solución de los grandes problemas que vive el país y por ende la población en general.
De los señores diputados y las señoras diputadas, con todo respeto,
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