Costa Rica: Comisión Legislativa aprueba Convenio 190 de la OIT

El siguiente paso será la discusión del proyecto en el plenario legislativo de Costa Rica. 

Este martes 22 de agosto, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el expediente relacionado con la ratificación del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Con este resultado, el proyecto avanza a la siguiente fase en el plenario legislativo, donde será sometido a votación de todos los y las congresistas. 

Para esta aprobación fue esencial el rol de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricenses (SEC), organizaciones afiliadas a la IEAL en Costa Rica.

“Desde la IEAL celebramos con nuestras afiliadas nacionales de Costa Rica porque, después de una presión importante a nivel nacional, se aprueba en comisión el C190. Seguiremos presionando y acompañando el proceso de discusión para que este convenio internacional sea ratificado”, aseguró Gabriela Sancho, coordinadora de la IEAL y de la RED de Trabajadoras de la Educación. 

Sancho recordó que el apoyo a estas gestiones se dio desde el Comité Regional de la IEAL, que envió una carta a los y las congresistas solicitando esta aprobación, y que estos esfuerzos se enmarcan en la Campaña por la Ratificación del C190 de la OIT impulsada por la RED de Trabajadoras de la Educación desde el año 2021.

“Este trabajo se ha extendido por todo América Latina, lo que ha permitido avances importantes en varios países de la región con la presión y apoyo de los sindicatos de la educación. La campaña va a continuar hasta que todos los países de la región ratifiquen este convenio”, añadió Sancho. 

El C190 se configura como el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. 

Los países que ratifican el Convenio tienen la obligación de definir y prohibir en su normativa la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, prever sanciones, y contar con vías para el recurso y la reparación de fácil acceso.