ASPU denuncia situación de desfinanciamiento en universidades colombianas
Reclama al gobierno colombiano atender las necesidades financieras de los centros de educación superior ante impacto de la pandemia
La Asociación Sindical de Profesores Universitarios de Colombia (ASPU), afiliada a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), realizó una Declaración donde expone la situación de las universidades colombianas ante el impacto de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19.
La organización gremial rechaza la precarización laboral y exige a las autoridades colombianas respuestas apropiadas para hacer frente a la crisis en la educación superior del país.
"Hoy más que nunca el gobierno nacional no debe escatimar esfuerzos para asumir la deuda histórica que tiene con la universidad y la Red ITTU pública. Insistimos en la gratuidad de la educación en un momento en que un amplio sector de estudiantes, cercano al 40%, es empujado, en razón a su pobreza y exclusión, a abandonar la universidad por no poder acceder a la virtualidad", indica uno de los puntos de la Declaración de ASPU.
Lea a continuación el texto íntegro del comunicado de ASPU, firmado por Pedro Hernández, Presidente de la organización sindical.
LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS –ASPU– DECLARA
Los profesores de las universidades y demás instituciones de educación superior públicas y privadas colombianas agrupados en la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, convocados en cinco plenarias nacionales, declara a la comunidad universitaria, de la educación superior y a la opinión pública en general, lo siguiente:
LA PANDEMIA ACENTÚA LOS PROBLEMAS PRESUPUESTALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ¡SOLUCIÓN YA!
1. La pandemia del coronavirus COVID-19 llega a las universidades públicas históricamente abrumadas por recurrentes problemas asociados a la falta de recursos para atender sus necesidades que la coyuntura hizo más evidentes. Los temas centrales por los que hemos luchado siempre como sindicato, son más notorios especialmente en los sectores de la educación y la salud. Lo que la pandemia ha hecho es simplemente desnudar la perversidad del neoliberalismo puesto al servicio de las élites económicas, empresariales, financieras y políticas del país y en cuyo centro campea la corrupción como trasfondo aciago del modelo.
Para las Universidades públicas, para las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias la deuda social se origina en un modelo de financiamiento –o desfinanciamiento-, afincado en la Ley 30 de 1992 y que los recursos pactados en los acuerdos del 2018 no han sido suficientes para evitar su deterioro. Según las cifras del Sistema Universitario Estatal –SUE-, los costos anuales de las universidades se incrementan el 5% por encima del IPC mucho mayor que el incremento acordado en el 2018. El resultado es un presupuesto insuficiente para superar el desfinanciamiento acumulado y mucho menos para fortalecer las universidades públicas en sus funciones misionales de docencia investigación y extensión. Menos aún para atender, con el mismo presupuesto, las necesidades generadas por la emergencia sanitaria.
2. La precarización laboral de los profesores universitarios es el resultado, quizás el más visible, del desfinanciamiento de las universidades públicas. El 80% de los profesores son ocasionales y catedráticos. Los acuerdos de diciembre del 2018 apuntaban a su formalización. Hoy la situación no ha cambiado y ocasionales y catedráticos viven en un estado de incertidumbre laboral permanente acentuado por la emergencia sanitaria.
3. El COVID-19 afectará los insuficientes presupuestos de las Universidades y demás IES públicas. El Gobierno Nacional además de confinar a la comunidad educativa en sus casas ha silenciado la universidad. Sus campos otrora llenos de gritos de rebeldía y movilización hoy son lugares desolados y sin respuesta ante el abandono estatal. Hoy más que nunca el gobierno nacional no debe escatimar esfuerzos para asumir la deuda histórica que tiene con la universidad y la Red ITTU pública. Insistimos en la gratuidad de la educación en un momento en que un amplio sector de estudiantes, cercano al 40%, es empujado, en razón a su pobreza y exclusión, a abandonar la universidad por no poder acceder a la virtualidad.
4. Los estudiantes de las instituciones de educación superior, de las universidades públicas provienen de los sectores sociales más débiles y vulnerables en materia económica y social. Muchas de sus familias se debaten entre el desempleo y la informalidad. Hoy la pandemia los afecta doblemente: por una parte, el confinamiento que los separa de sus condiciones de trabajo y, por otro, abandonados a su suerte por el Estado. El DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH (febrero 2020)-, muestra que la informalidad para el trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020, fue del 47.9% para el total de las 23 ciudades principales y sus áreas metropolitanas, descontando el sector rural donde el desempleo, la informalidad y la precarización laboral son infinitamente superiores.
A raíz de la emergencia sanitaria la situación de estos colombianos se agravó al punto que el DANE excluyó de la Gran Encuesta Integrada de Hogares las variables relacionadas con la población ocupada informal y no dispone de información sobre subempleo, cesantes y tiempos y razones de abandono de sus trabajos informales en dichas ciudades. El boletín técnico de informalidad para marzo y abril de 2020, no se publicará. Es un síntoma de la gravedad de la situación. Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el aislamiento para la prevención del COVID-19 ha situado la informalidad en el 66.3% de la población económicamente activa, situación que empeora en el sector rural. Este panorama es apenas un ejemplo de la realidad que viven las familias pobres, estratos 1, 2 y 3, de donde provienen nuestros estudiantes. Ellos, difícilmente lograrán acceder a las metodologías virtuales propuestas por carecer de equipos, planes de datos o conexión.
5. Estas circunstancias identifican la dura realidad que enfrenta alrededor del 40% de los estudiantes y chocan con las orientaciones del MEN para desarrollar los semestres de manera no presencial con la ayuda de herramientas tecnológicas. Las difíciles condiciones socioeconómicas de los estudiantes no son compatibles con los requerimientos en materia de conectividad.
Si las universidades y demás IES deciden desarrollar clases no presenciales sin importar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes contribuirán a profundizar la exclusión y la desigualdad, de por sí extrema, que se vive en el país. El resultado está anunciado: deserción o repitencia de un grupo numeroso de estudiantes cuya única opción será abandonar la educación superior, la Universidad y demás instituciones de educación superior.
Si deciden contribuir a superar las necesidades de los estudiantes, las universidades se colocarán en situación de jaque presupuestal. El SUE se lo ha hecho saber al Gobierno Nacional. Empero es la decisión correcta que apoyamos desde ASPU. Por ningún motivo las universidades públicas colombianas deben permitir y auspiciar procesos de exclusión de sus estudiantes. Todo lo contrario, debemos colocar nuestros mejores esfuerzos intelectuales para ser ejemplo de inclusión social, para promover políticas de bienestar integral dirigidas al conjunto de las comunidades universitarias.
Para lograrlo es urgente que el Gobierno Nacional destine recursos para atender las necesidades de conectividad de los estudiantes, para equipar y dotar al sistema universitario estatal de la infraestructura tecnológica necesaria para desarrollar provisionalmente una educación mediadas por las TIC y para formar a los profesores en estas metodologías. Adicionalmente las instituciones de educación superior, las universidades deben flexibilizar los sistemas de evaluación para evitar la deserción y la repitencia.
ASPU Y EL CONFINAMIENTO SOCIAL:
¡MENOS PARA LAS ÉLITES Y LA CORRUPCIÓN!
¡MÁS PARA LOS TRABAJADORES Y LOS SECTORES POPULARES!
6. Como se puede observar, desde su origen, las medidas adoptadas en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con el fin de enfrentar el avance del COVID–19 no estaban destinadas a enfrentar la crisis, sino a aprovechar las circunstancias para favorecer a los grandes banqueros y a los grupos económicos del país olvidando la pobreza y la miseria de una inmensa mayoría de colombianos en ciudades, pueblos y territorios que reciben o no ayudas pírricas del Estado. Como señalan y demuestran muchos investigadores la pandemia ni es democrática ni es igualitaria y afecta con mayor impacto a los pobres y a los excluidos.
7. Capítulo especial de la crisis se encuentra en los trabajadores de la salud. De dientes para afuera, el Gobierno Nacional habla de los “héroes que se juegan la vida por todos, vítores y aplausos”. Lo son y se juegan la vida un día tras otro, pero lo inaceptable es que sigan trabajando sin condiciones mínimas de protección, de bioseguridad y, de otro lado, bajo unas condiciones laborales precarias como una mano de obra especializada y barata, bajo la orientación de un Estado que no ha dado la talla para suplir con suficiencia las necesidades de equipos de protección personal, mascarillas, sistemas de ayuda de ventilación y respiración asistida. Hoy los trabajadores de la salud contagiados por el virus se cuentan por cientos y muchos han muerto en el servicio.
Grandes recursos que el Gobierno Nacional ha destinado para atender la pandemia y los trabajadores de la salud sin ninguna protección para proteger su integridad. El ministro de salud, en el colmo del cinismo, cuando se le pidió que comprara seguros para el personal de la salud, afirmó que ellos no tienen más riesgo que el de cualquier ciudadano. Denunciamos como la crisis sanitaria generada por el COVID-19 se este utilizando por parte de las EPS y las IPS como una forma nueva forma de corrupción facturando todos los decesos intrahospitalarios como resultado del COVID-19 al mas alto costo e incinerando los cadáveres para evitar posteriores investigaciones.
8. Mientras los bancos y los empresarios reciben ayudas a manos llenas al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se chantajea a trabajadores y trabajadoras quienes para “salvar” sus empleos, sacrifiquen parte de sus salarios y/o prestaciones sociales, de su estabilidad laboral con el eufemismo para reactivar la economía de los depositarios de las ayudas estatales, regresan a trabajar sacrificando su salud, y hasta su vida. Pero los billones de pesos recibidos no son suficientes para los dueños del capital: conjuntamente con el gobierno nacional promueven la misma reforma sobre flexibilización laboral que no pudieron lograr con motivo de las movilizaciones de los trabajadores de finales del 2019: salarios por horas bajo la forma de una cínica, oprobiosa e indigna formalización laboral; aplazamiento e incluso con el aplazamiento o la eliminación pretendida de primas, vacaciones, horas extras, recargo nocturno, dominicales y festivos, y hasta el derecho a una jubilación digna. De tener éxito estas reformas laborales pretendida por los empresarios y el gran capital, se ampliarían aún más las brechas y las desigualdades sociales, alejando cada vez más a los colombianos de un verdadero bienestar y aumentando la pobreza de los hogares colombianos.
ASPU repudia el manejo indolente con que se ha manejado la emergencia, que ha favorecido al gran capital, agravando la situación de los más vulnerables. Así las cosas, los recursos destinados para la protección de los trabajadores de la salud, para enfrentar el confinamiento de los sectores menos favorecidos, para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria en periodo de pandemia, sólo alimentan las arcas de los banqueros y de los poderosos del país.
¡INGRESO MÍNIMO VITAL Y RENTA BÁSICA!
¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA!
9. Frente a la carencia absoluta de ingresos de la mayoría de colombianos, calculada por la Escuela Nacional Sindical ENS en 10 millones de hogares de estratos 1, 2 y 3, ASPU apoya la propuesta del ingreso mínimo vital durante el confinamiento y por un razonable periodo de tiempo posterior, pensando en la renta básica. Es una obligación del Estado con los colombianos pobres, la inmensa mayoría, correspondencia con el principio constitucional de mínimo vital. Para financiarla exige la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externay la inaplicación o derogatoria de los beneficios concedidos a los más ricos en las últimas reformas tributarias. ¡O alimentamos las arcas del capital trasnacional o alimentamos y garantizamos la salud de todos los colombianos!
PLENARIA NACIONAL
ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU.
Bogotá D.C., 19 de mayo de 2020
PEDRO HERNÁNDEZ CASTILLO
PRESIDENTE NACIONAL DE ASPU
JAIRO ALFONSO RUIZ CAICEDO
SECRETARIO GENERAL DE ASPU
Descargue la Declaración de ASPU a continuación.
