APUNTES SOCIALES - Las luchas de la población LGBTI+ por el reconocimiento de sus derechos en América Latina
Por Bolívar Rojas Vargas
Comunicador, IEAL
El sacerdote católico Bartolomé de las Casas registró en su texto Brevísima relación de la destrucción de las indias las preocupaciones por las vejaciones y abusos con el que los conquistadores españoles sometían a la población indígena residente en lo que hoy llamamos América Latina. El fraile dominico debatió en el siglo XV en defensa de los pueblos nativos del nuevo mundo, hecho considerado un antecedente relevante en la defensa de los derechos humanos, pese a que estos no se concibieron como tal hasta siglos posteriores.
Mujeres, afrodescendientes, indígenas y otros grupos discriminados y cuyos derechos han sido violentados históricamente comparten con las personas sexualmente diversas una trayectoria de resistencia frente a la opresión y la exclusión.
En el año 1789, la Revolución Francesa trajo consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este hito fue acompañado dos años después por la publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, redactada por Olympe de Gouges, seudónimo de Marie Gouze, escritora y dramaturga francesa condenada a la guillotina después de publicar sus ideas. La pena de muerte a la que fue sometida evidencia el limitado alcance de los nuevos derechos.
Las ideas de la Ilustración desencadenaron en las colonias americanas vientos de libertad e independencia, sin embargo, las nuevas repúblicas dejaron a grandes segmentos de la población excluidos de los beneficios y derechos inherentes al ejercicio de la ciudadanía.
La historia de los derechos humanos en nuestra región ha estado marcada por ciclos de avances y retrocesos. La esclavitud fue legal en Brasil hasta 1888. En Argentina los pueblos indígenas fueron marginados, desplazados y asesinados durante la llamada Conquista del Desierto. Las mujeres de América Latina consiguieron el derecho al voto hasta mediados del siglo XX. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) no limitaron a las dictaduras del Plan Cóndor, responsables de ejecuciones, exilios y desapariciones forzadas en la segunda mitad del siglo XX. El regreso de la democracia se vio opacado por la impunidad y el olvido obligatorio.
Izquierda: Ilustración de la primera traducción latina de 'Brevísima relación de la destrucción de las indias', por Joos van Winghe; Wikimedia Commons. Centro: Personas esclavizadas en una hacienda de café, Valle de Paraíba, Brasil, 1882; Wikimedia Commons. Derecha: Manifestación por el derecho al voto de las mujeres, Argentina, 1948; Wikimedia Commons.
RESISTENCIA A LA OPRESIÓN Y LA VIOLENCIA
En medio del convulso escenario de América Latina, las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y otras (LGBTI+) han enfrentado violencia de todo tipo y acumulan décadas de lucha por el respeto a sus derechos. Mujeres, afrodescendientes, indígenas y otros grupos discriminados y cuyos derechos han sido violentados históricamente comparten con las personas sexualmente diversas una trayectoria de resistencia frente a la opresión y la exclusión.
La penalización de las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, una de las principales formas de violencia estructural hacia las personas LGBTI+, fue la norma en América Latina durante la mayor parte del siglo pasado. En Ecuador el inciso primero del artículo 516 del Código Penal tipificaba como delito las relaciones sexuales consentidas entre dos adultos del mismo sexo. El Tribunal Constitucional derogó esta disposición en 1997, ante una acción de inconstitucionalidad presentada por agrupaciones de activistas LGBTI+.
Colombia dejó de considerar como un delito las relaciones sexuales voluntarias entre adultos del mismo sexo en 1980. Sin embargo, en 1979, se incorporó en el Régimen Disciplinario Docente al “homosexualismo” como una causal de mala conducta y, por ende, se les prohibió a las personas LGBTI+ el ejercicio de la profesión docente. Fue hasta 1998 que la Corte Constitucional declaró inexequible esta norma discriminatoria.
Los abusos policiales, la discriminación y las agresiones constantes de las que eran víctimas las comunidades sexualmente diversas en la región motivaron las primeras movilizaciones y resistencias. El 28 de junio de 1969 en el pub Stonewall Inn de Greenwich Village, Nueva York, el malestar por el acoso policial desató las protestas y movilización del colectivo LGBTI+. La respuesta conjunta de transexuales, gays, lesbianas y bisexuales es recordada a nivel mundial cada 28 de junio, en el Día Internacional del Orgullo LGBTI+.
Las luchas de las comunidades LGBTI+ en Estados Unidos resonaron con las movilizaciones y colectivos articulados al sur del continente.
Izquierda: Junta Militar Argentina en la Casa Rosada, 1976; Wikimedia Commons. Derecha: Bombardeo del Palacio de la Moneda durante el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile; Wikimedia Commons.
DERECHOS HUMANOS CONTRA LAS DICTADURAS MILITARES
En Argentina el 1º de noviembre de 1968, en el contexto de dictadura militar (1966-1973), se fundó la agrupación Nuestro Mundo, el primer grupo de militancia homosexual de América Latina. Este grupo, conformado por personas obreras, sindicalistas y militantes comunistas, se integró en 1971 junto a otras organizaciones en el Frente de Liberación Homosexual (FLH), responsable de la publicación de la revista Somos, difundida durante el periodo democrático, entre 1973 y 1976. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 instauró una etapa de terror, en la que la dictadura secuestró, desapareció y asesinó a miles de personas argentinas, incluyendo a personas LGBTI+. La persecución, el exilio de sus integrantes y la intolerancia política y social llevaron a la autodisolución del FLH.
En Brasil, los rígidos roles de género reproducidos incluso por las parejas LGBTI+ empezaron a resquebrajarse en las décadas de 1950 y 1960. Las capitales de los estados y grandes ciudades atestiguaron el crecimiento y aumento de la visibilidad de las comunidades de gays y lesbianas, quienes disfrutaban particularmente de la libertad en tiempos de carnaval. El golpe de Estado militar del 31 de marzo de 1964 cambió el panorama, las medidas represivas como la censura y la vigilancia policial en las calles crearon un clima político que desalentó la formación de agrupaciones LGBTI+, en el periodo de mayor ebullición de estos colectivos en otros grandes países.
La violencia del conflicto armado en Colombia se caracterizó, en la década de 1980, por un proceso sistemático de ataque a grupos sociales vulnerabilizados, que fueron calificados como “indeseables”. Homosexuales y transexuales fueron blanco de asaltos, extorsión, torturas y asesinatos, junto a trabajadoras sexuales, menores sin hogar y habitantes de la calle, víctimas de la “limpieza social” emprendida por grupos paramilitares, policiales y otros actores del conflicto.
Las dictaduras militares latinoamericanas ralentizaron el avance de los colectivos LGBTI+ en defensa de sus derechos, pero la clandestinidad no les impidió organizarse
Chile vivió su primera manifestación de personas LGBTI+ de estrato popular durante el gobierno de Salvador Allende, el 22 de abril de 1973. Los abusos policiales motivaron la espontánea movilización, ridiculizada en la prensa amarillista de la época, reflejo de una sociedad que les consideraba escoria y rechazaba con horror a las personas transgénero. Sus demandas estaban lejos de ser incluidas en la agenda de cambios políticos, sociales y culturales impulsados por el gobierno de Unidad Popular. El golpe de Estado de Pinochet en septiembre del mismo año manchó de sangre la historia chilena, con un número aún no determinado de personas LGBTI+ incluidas entre las víctimas del exilio, torturas, muertes y desapariciones forzadas.
Las dictaduras militares latinoamericanas ralentizaron el avance de los colectivos LGBTI+ en defensa de sus derechos, pero la clandestinidad no les impidió organizarse. Por ejemplo, en Uruguay apareció a mediados de la década de 1970 el grupo Escorpio, el cual funcionó con grandes dificultades por el entorno de represión política de la dictadura (1973-1985).
VIH, ESTIGMATIZACIÓN Y ACTIVISMO
El surgimiento de la pandemia del VIH-SIDA en la década de los ochenta transformó radicalmente el escenario social y político para la población LGBTI+ latinoamericana. El impacto inicial del VIH entre los hombres gays y las mujeres trans propició escenarios de estigmatización, discriminación y violencia, incluso por parte del Estado.
El retorno gradual de la democracia en los países del sur y el conflicto armado en Colombia y Centroamérica marcaron el nuevo escenario regional, en el que el gobierno estadounidense, con Ronald Reagan como presidente, financiaba ilegalmente la lucha armada contra la Revolución Sandinista en Nicaragua e ignoraba la crisis sanitaria por VIH, incluso en su propio territorio.
Los gobiernos latinoamericanos respondieron inicialmente al VIH-SIDA con redadas en sitios de reunión de esas comunidades y más represión, lo que obligó a las personas LGBTI+ a organizarse para enfrentar, por un lado, la apatía de las instituciones y, por otro, la violencia del mismo estado. Así, la década de 1990 vio nacer una gran cantidad de nuevas organizaciones en favor de los derechos humanos de las personas LGBTI+, que, además, tenían la atención sanitaria para atender la pandemia del VIH como una de sus demandas prioritarias.
Cuba ilustra claramente el cambio de actitud ante las personas LGBTI+ registrado a finales del siglo anterior, en el contexto de los primeros años del VIH-SIDA. El país caribeño vivió momentos de exclusión y rechazo a las personas LGBTI+, especialmente en la década de los setenta e inicios de 1980.
La llegada del VIH a la isla dejó clara la necesidad de implementar medidas médicas, sociales y de derechos humanos para garantizar la atención en salud de toda la población. La influencia cultural de países europeos y sus turistas después de la desintegración de la Unión Soviética también influyó en el cambio de perspectiva institucional del gobierno cubano.
La organización y movilización de los colectivos LGBTI+ latinoamericanos contribuyó a que se concretara la acción gubernamental para la atención de salud frente al VIH. Sus luchas también han sido claves para alcanzar las conquistas legales y culturales; además la visibilidad de personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en todos los ámbitos, contribuyen aún a propiciar un cambio hacia sociedades más informadas, tolerantes y respetuosas.
VISIBILIDAD Y REIVINDICACIONES
Las Marchas del Orgullo, como expresión de la diversidad y visibilidad de las poblaciones LGBTI+ de América Latina, también se multiplicaron en la región. “Que se den cuenta que estamos, que somos un montón y que tenemos derecho a vivir como todos los demás”, expresaba un asistente a la segunda Marcha del Orgullo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1993.
En 1997 aproximadamente dos mil personas tomaron la Avenida Paulista en São Paulo, con un mensaje claro: “Somos muchos, estamos en todos los lugares y en todas las profesiones”. Años después la Parada do Orgulho LGBTI+ de la capital paulista convoca a millones de personas cada edición.
Las movilizaciones llevaron consignas como el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y la identidad de género de las personas trans. Estas exigencias fueron rechazadas por sectores conservadores y encontraron oídos sordos entre las autoridades nacionales.
21°Parada LGBT de São Paolo, 2017; Flick.com Mídia NINJA.
La última década del siglo XX evidenció las asimetrías entre las sociedades latinoamericanas respecto a los derechos de las personas LGBTI+. Argentina, Brasil y Uruguay empezaron a ver discusiones referentes de las personas LGBTI+, mientras en otros países la homolesbobitransfobia era generalizada e incidía en las acciones institucionales.
En 1990, año en el que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como un trastorno sexual, el gobierno de Costa Rica emitió una directriz para “evitar el ingreso de toda mujer sospechosa de ser lesbiana al país y evitar así su participación en un ‘Encuentro Lésbico-Feminista’”.
TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
En Chile, la Corte Suprema de Justicia falló en 2004 en contra de Karen Atala Riffo, mujer lesbiana que convivía con su pareja y brindó la custodia de sus tres hijas al padre, de quien se había separado dos años antes. El fallo del máximo tribunal chileno consideró que la orientación sexual de la jueza Atala podría poner en riesgo a sus hijas, con lo cual institucionalizó la discriminación e introdujo viejos prejuicios al nuevo siglo.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual lo declaró admisible en 2008. En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile de forma unánime por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación. El histórico fallo estableció la responsabilidad internacional del Estado chileno por el trato discriminatorio al retirar el cuido y custodia de sus hijas a Karen Atala Riffo debido a su orientación sexual.
2010: Argentina lideró el avance en materia de derechos humanos de las personas LGBTI+ al aprobar la Ley de Matrimonio Igualitario.
La decisión de la Corte Interamericana marcó un precedente: fue el primer fallo en materia de derechos humanos de la población LGBTI+ y estableció jurisprudencia de derecho internacional vinculante para todos los países del continente americano adheridos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
“LOS MISMOS DERECHOS, CON LOS MISMOS NOMBRES"
Mayor acceso a información y educación integral sobre la sexualidad humana propiciaron ambientes cada vez más favorables hacia las causas de los colectivos LGBTI+ en la región. Las sociedades y algunos gobiernos latinoamericanos asumieron actitudes más respetuosas hacia la diversidad sexual.
Argentina lideró el avance en materia de derechos humanos de las personas LGBTI+ al discutir y aprobar en ambas cámaras de su Congreso la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010. La legislación, impulsada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, bajo la consigna “los mismos derechos, con los mismos nombres”, fue promulgada por la Presidenta Cristina Fernández, acompañada de sectores políticos y organizaciones de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Fernández recordó la sanción de los derechos políticos de la mujer 58 años atrás, durante el evento en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos.
El matrimonio igualitario avanzó como un efecto dominó en los países de la región, a Argentina le siguieron Uruguay y Brasil en 2013 y Colombia en 2016. Otros países incluyeron en sus leyes figuras que reconocieron los derechos de las parejas del mismo sexo, como la unión civil, aprobada en Chile en 2015 y Ecuador en 2008.
Izquierda: La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firma el decreto que promulga la ley de Matrimonio Igualitario, 2010; Wikimedia Commons Presidencia de la Nación Argentina. Derecha: Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2019; Flickr,com CorteIDH.
La Opinión Consultiva OC-24/17 “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”, solicitada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2016 por Costa Rica bajo iniciativa de la entonces vicepresidenta Ana Helena Chacón, marcó un punto de inflexión respecto al avance de derechos humanos en el continente americano.
La Corte determinó que la Convención Americana de Derechos Humanos protege los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo y los Estados integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben garantizar el acceso de las parejas de personas LGBTI+ a la figura del matrimonio civil. Ecuador respondió a la decisión de la Corte IDH reconociendo el matrimonio igualitario en 2019, al igual que Costa Rica, donde las parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio legalmente reconocido a partir del 26 de mayo de 2020.
La decisión de la Corte IDH significó también un avance clave en los derechos de las personas trans, al definir que la Convención Americana de DDHH protege su derecho a la identidad de género, con el respectivo cambio de nombre en sus documentos de identificación y respeto a su imagen física. El texto de la Corte IDH mencionó la Ley de Identidad de Género de Argentina, aprobada en 2011, como un ejemplo de legislación respetuosa de la identidad de las personas transgénero.
DESIGUALDADES REGIONALES
El avance en los derechos humanos de las personas LGBTI+ ha sido desigual en América Latina. Las conquistas alcanzadas en algunos países contrastan con la violencia y discriminación que viven en otros territorios, incluso por parte de las autoridades.
Tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras, el primero del siglo XXI, se intensificó el clima de violencia y represión; escenario ante el cual muchas personas LGBTI+ buscaron migrar y solicitar refugio en otros países. La situación de violencia e intolerancia en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) ha llevado a personas gays, lesbianas, bisexuales y, especialmente, transexuales, a engrosar las caravanas migrantes y pequeños grupos que viajan hacia Estados Unidos.
Protesta contra el Golpe de Estado en Honduras, 2009; Wikimedia Commons.
A la pobreza y desigualdad, que ya de por sí afectan desproporcionadamente a estas poblaciones, se suman como razones para migrar la discriminación, la violencia por parte de pandillas, autoridades y sus propias familias.
Las personas migrantes viven en carne propia la discriminación, la xenofobia y el racismo, más allá de su orientación sexual o identidad de género. El hecho de ser gays, lesbianas, bisexuales o transexuales y el consecuente clima de hostilidad que viven en sus propios países les motiva a enfrentar los riesgos de migrar, con lo cual esperan obtener asilo en territorios más seguros para su existencia; donde tristemente también se violentan sus derechos humanos por su condición de migrantes o solicitantes de refugio.
LEGISLACIÓN EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN
Los hechos de violencia y discriminación en contra de personas no heterosexuales se extienden por todo el continente. En algunas ocasiones, estas situaciones trascienden a la esfera pública y motivan cambios de actitud de gobiernos y sociedades.
Daniel Zamudio, joven estudiante gay chileno, tenía 24 años cuando fue atacado por una banda neonazi en un parque de Santiago. Los golpes y la tortura de la que fue víctima le provocaron la muerte el 27 de marzo de 2012. El brutal crimen causó conmoción en la sociedad chilena y propició la aprobación de una Ley Antidiscriminación.
En América Latina, pocos países han legislado para sancionar la discriminación. Uruguay aprobó en 2003 una ley que tipifica los crímenes de odio “contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual”.
Velatón en memoria de Daniel Zamudio. Santiago de Chile, 2016; Flickr.com I. Municipalidad de Santiago.
REACCIÓN CONSERVADORA
En respuesta a los avances en materia de derechos humanos de las comunidades LGBTI+ en la región, han irrumpido en el escenario político grupos de extrema derecha y fundamentalistas religiosos con discursos antiderechos y abiertamente LGBTI+fóbicos. El rechazo al matrimonio igualitario, al reconocimiento a la identidad de género e incluso al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en personas gestantes son los principales objetivos de estas agrupaciones, apoyadas por iglesias neopentecostales y sectores conservadores de la Iglesia Católica.
“A mis hijos los educo yo”, es una de las consignas empleadas por estos colectivos para negar el acceso a educación sexual integral científica y laica. En países como Perú, estas organizaciones antiderechos han tenido relativo éxito en su cruzada contra lo que denominan la “ideología de género”.
El golpe parlamentario de 2016 a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y el cuestionable proceso que llevó a la inhabilitación política del expresidente Lula da Silva (desechado en 2021 por el máximo tribunal brasileño) son antecedentes del fugaz ascenso político del discurso misógino, racista y homofóbico de Jair Bolsonaro.
La complicidad de las cúpulas empresariales, partidos políticos de derecha, grupos fundamentalistas cristianos y grandes medios de comunicación legitimaron las ideas violentas del candidato de extrema derecha, que encarnó la llegada al poder de sectores antiderechos y de tendencias fascistoides.
En marzo de 2018, fue asesinada en Rio de Janeiro la concejala izquierdista, lesbiana y afrodescendiente Marielle Franco. En octubre de ese año, triunfó en la segunda ronda de las elecciones brasileñas el candidato reconocido por numerosas expresiones de desprecio a las mujeres y las personas sexualmente diversas. Los dos hechos representaron un duro golpe a los derechos humanos y una grave amenaza a la democracia brasileña. El asesinato de la defensora de derechos humanos y activista feminista continúa impune, sin que se haya acusado a los actores intelectuales del crimen. La publicación de fotografías del presidente de ultraderecha con uno de los asesinos materiales de Marielle Franco evidencia las relaciones entre el crimen y el círculo político y familiar de Bolsonaro.
En un hecho que fue descrito como un revés para el gobierno de ultraderecha, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró la homofobia y la transfobia como un delito, equivalente al racismo. El fallo publicado en junio de 2019 fue aprobado de manera unánime por los once jueces de la máxima instancia judicial brasileña. Pese a la hostilidad de autoridades del gobierno, la historia de movilización y los argumentos en defensa de los derechos humanos permitieron alcanzar este hito.
Izquierda: Manifestación en memoria de Marielle Franco, São Paulo, Brasil, 15 de marzo de 2018; Flickr.com Romerito Pontes.
LAS TAREAS PENDIENTES
En un contexto de avances y retrocesos en materia de derechos humanos, la población LGBTI+ latinoamericana continúa su lucha por vivir con plenos derechos. En los países en los que la legislación ha favorecido el reconocimiento de la identidad de género o el matrimonio igualitario, aún es necesario avanzar en temas como no discriminación, educación sexual integral en las escuelas y colegios, acceso a servicios de educación y salud y penalización de delitos de odio.
La diferencia entre los países latinoamericanos a la vanguardia del reconocimiento a los derechos humanos y los territorios en los que los prejuicios y sociedades machistas siguen imponiendo sus criterios antiderechos es cada vez mayor y la acción de agrupaciones políticas y religiosas de tendencia ultraconservadora ha contribuido a ensanchar estas brechas de desigualdad en materia de derechos humanos.
Ante este escenario, es fundamental la educación para cambiar las ideas de las sociedades machistas latinoamericanas y hacer escuchar la voz fuerte de todas las personas defensoras de los derechos humanos, para desnudar las posturas regresivas y desarmar los mensajes de odio.
Las normas y organismos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también han jugado un papel clave en el avance de los países en esta materia.
Incluso en los países más avanzados en temas de derechos de la población LGBTI+, hay sectores políticos con posturas abiertamente homofóbicas y discriminadoras. Por ejemplo, en Argentina, el hoy expresidente Mauricio Macri, usó en 1997 términos como “enfermedad” y “desviación no deseada” al negar la posibilidad de contratar un jugador de futbol gay en Boca Juniors, club que presidía en ese momento.
Alberto Fernández, quien sustituyó a Macri en la presidencia de Argentina, celebró en julio de 2020 los diez años de la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Su gobierno ha tomado medidas en defensa de la población LGBTI+. El Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, establecido en septiembre del 2020, garantiza un mínimo del 1 % de la totalidad de cargos y contratos para personas trans. La iniciativa muestra el camino de avance hacia una mayor inclusión social y el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas.
La desigualdad social y la limitación en el acceso a los derechos humanos en América Latina se agrava cuando se suman otras discriminaciones, como las que se dan por razones de género, etnia, clase social, orientación sexual, religión, nacionalidad o estatus migratorio. La combinación de dos o más de estas características determinan escenarios de mayor violencia y discriminación.
El respeto a los derechos humanos implica que los gobiernos, instituciones, organizaciones y sociedad en general tomen en cuenta estas interseccionalidades y procuren eliminar cualquier tipo de discriminación, en búsqueda de una mayor justicia social.
Atención universal de salud, educación pública gratuita, disponibilidad de agua potable, vivienda y alimentación, medio ambiente sano y equilibrado, son algunos de los derechos económicos, sociales y culturales en el horizonte de los derechos humanos. La acción de los estados, organizaciones e instituciones debe orientarse a la conquista de estos derechos para todos los pueblos.
Puede encontrar una versión más amplia de este texto en la publicación ‘Respeto a la identidad de género de las personas y la diversidad sexual en las organizaciones sindicales de la educación’, disponible para descarga en el apartado de publicaciones del sitio web de la IEAL: https://ei-ie-al.org/recursos/respeto-la-identidad-de-genero-de-las-personas-y-la-diversidad-sexual-en-las
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