(21/11/2016, Argentina) La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) -afiliada a la Internacional de la Educación para América Latina-, junto con varias federaciones y centros estudiantiles, se preparan para realizar un Acto en Defensa de la Universidad Pública y el Derecho a la Educación Superior, el próximo Martes 22 de Noviembre.

La Universidad Pública en la Argentina asiste a un ataque sin precedentes desde la recuperación de la democracia. Esta agresión tiene su vertebración principal en el giro regresivo de las políticas de educación superior, que virtualmente han paralizado la importante expansión del sistema público de universidades que venía construyéndose en los últimos 15 años.

El ajuste en los salarios de los trabajadores docentes, no docentes e investigadores, la subejecución del presupuesto votado en 2016 y consolidada en el proyecto enviado por Bullrich para 2017, la suspensión de todos los convenios de asistencia técnica al Estado Nacional, el brutal recorte de los programas socioeducativos y de inclusión universitaria son las constatación material de este giro de 180 grados en materia de política universitaria.

Este ajuste es acompañado por una sistemática campaña de desprestigio y estigmatización de las Universidades Públicas, en particular, aquellas creadas en el conurbano bonaerense, articulado desde los principales medios de comunicación del país; periodistas de investigación al servicio de las corporaciones y variopintos “think tanks” ligados, no casualmente, al negocio de las universidades privadas.

En esa misma línea va la provocación que implicó el intento de arancelar una carrera de grado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que se truncó gracias al repudio de toda la comunidad universitaria.

El trípode de ataque a la Universidad Pública en la Argentina lo completa un sector del Poder Judicial, siempre dispuesto a hacer el trabajo sucio y a “preparar el terreno” para la política de chantaje y apriete. Es claro que estos tres actores: gobierno, medios de comunicación y un sector del Poder Judicial vienen llevando adelante una tarea de demolición de los derechos conquistados en los últimos años y han puesto la mira sobre las universidades públicas.

Por supuesto, esta estrategia coordinada se inscribe en una orientación general de las políticas de un gobierno que expresa, como nunca antes en democracia, los intereses de la oligarquía y las empresas trasnacionales. Un gobierno cuyos principales cuadros fueron formados en las empresas y en el sistema de universidades privadas asociadas a ellas, que comenzó a construirse en nuestro país tras el golpe de estado de 1955. La universidad, para ellos, es tan sólo un negocio más.

La demolición de la universidad pública como derecho es parte del intento de desmoronar un horizonte de época, asociado con un proyecto de país ligado al campo popular.

En este marco, CONADU,  junto con las Federaciones y organizaciones estudiantiles que venimos resistiendo los embates del modelo liberal conservador, nos convocamos mañana en la Universidad Nacional de Avellaneda para profundizar la unidad de acción que permita revertir el retroceso de la Universidad Pública, para reconducirla en la senda de la ampliación del derecho a la Educación Superior y la producción de conocimiento crítico, científico y tecnológico como aporte al desarrollo de los intereses de nuestra nación.

A 67 años de la promulgación del decreto de gratuidad universitaria reafirmamos la defensa de la universidad pública como derecho y nuestra convicción de que el único destino posible para la Universidad Pública en nuestro país es de la mano de un proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericanista.

22 de noviembre – 18 hs – Universidad de Avellaneda