La vuelta a clases en Uruguay “se vende desde un exitismo exacerbado”
Entrevista con José Olivera, Presidente de FeNaPES
El retorno a las clases presenciales en la República Oriental del Uruguay “se vende desde un exitismo exacerbado”. Igual que el manejo general de la cuarentena. La afirmación pertenece al Presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES) del país sudamericano, José Olivera. En charla con en medio Redacción Rosario, descarta “un milagro uruguayo” en este regreso y más bien alerta sobre un corrimiento del Estado de sus responsabilidades, como la de garantizar la educación pública. También marca un retroceso en materia educativa dado por la aprobación de leyes que afectan este derecho.
Para comprender qué pasa con el tratamiento de la pandemia y la cuarentena en Uruguay –señala Olivera– hay que mirar primero las características geográficas y demográficas del país, y saber que hay una estructura previa, que responde al anterior gobierno del Frente Amplio y no al actual de derecha encabezado por Luis Lacalle Pou (asumió el 1º de marzo pasado). Menciona, entre estas políticas heredadas, el sistema integrado de salud pública, que “a diferencia de lo que había hecho Macri en la Argentina, venía siendo fortalecido por un Estado muy presente”. También el sistema de educación público: el 84 por ciento del estudiantado, desde inicial a superior, transita por esta enseñanza (obligatoria de sala de cuatro hasta fin de la secundaria), en más de 3 mil centros escolares. Además del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información, y el aporte de los científicos formados en las universidades nacionales, a quienes hoy paradójicamente se los busca para atender la emergencia sanitaria, mientras se recorta la inversión en ciencia e innovación.
Es clave en el escenario que describe Olivera la solidaridad que caracteriza al pueblo uruguayo, a la que se ha apelado para llevar adelante una cuarentena social, no obligatoria y “de manejo responsable de la libertad”. Pero también en la que el actual Estado se recuesta para no hacerse cargo del costo social. “Es más, dijo que «el capital no se toca porque es lo que yo quiero cuidar», y trasladó los gastos de la pandemia a impuestos a los trabajadores públicos, con más desocupación y cantidad de trabajadores en el seguro de desempleo”. Con gran respaldo mediático –continúa el Presidente de la FeNaPES– el presidente y sus ministros declaran que “se está gastando todo lo necesario” para hacer frente a la pandemia, sin reconocer que ese dinero sale de impuestos a los trabajadores, de no asumir una crisis económica que está llevando a la pobreza a cada vez más familias, porque “la prioridad que tienen no es el cuidado de sus ciudadanos sino mantener encendidos los motores de la economía”. Es en este contexto –insiste– que hay que entender qué pasa en el sistema educativo.
Como dato comparativo, sirve mencionar que en Uruguay viven unas 3 millones y medio de personas, en una extensión geográfica de 176.215 km2. Datos muy similares a los de la provincia de Santa Fe en Argentina, con casi 3 millones 400 mil habitantes, y 133.007 km2. Hasta el martes 21 de julio, en Uruguay se registraron 1.096 personas contagiadas por el Covid-19 y 33 fallecidas; en tanto que en Santa Fe son 753 las afectadas por este virus y 11 los muertos. Y que el sistema educativo uruguayo público recibe unos 700 mil estudiantes en los distintos niveles. La matrícula (desde inicial a superior, incluyendo el sector privado) en la provincia de Santa Fe alcanza a poco más de 800 mil escolares.
Estado ausente
Recién estaba comenzando el ciclo lectivo en Uruguay cuando –el 13 de marzo pasado– se decreta la emergencia sanitaria y se suspenden las clases presenciales. De entrada hubo acuerdos para “generar distintas estrategias que permitieran mantener un vínculo pedagógico con los estudiantes y las familias”; también en reconocer que no había condiciones para sostener una educación a distancia.
Olivera explica que “el Plan Ceibal (de computadoras escolares) nunca estuvo pensado para desarrollar educación a distancia, sino para democratizar el acceso a la tecnología, su inclusión en el aula”. A lo que se suman los problemas económicos en las familias –por la situación social– para pagar la conexión, la transmisión de datos. “Le pedimos al gobierno tomar algunas estrategias como la de la Argentina, en la distribución de materiales impresos, o de programas educativos a través de la TV, pero no lo hizo porque no estaba dispuesto a asumir ese costo”, repasa. El magisterio asumió esa responsabilidad. Por ejemplo, la FeNaPES desarrolló el programa “Los profes tiran piques” que se transmitió por todas las radios del país y se compartió en redes sociales, con lecturas y actividades para las y los estudiantes, y también las familias. “Eso fue financiado –subraya– por los propios sindicatos, no por el Estado”.
Con los problemas sociales profundizados por la pandemia “hubo que volver a las presencialidades”, entre ellas la vuelta a las clases. “Ahora –dice Olivera–, es una presencialidad que se vende desde un exitismo exacerbado”.
Escuelas rurales
Con la “lógica de mantener encendidos los motores de la economía” se comenzó con un proceso de retorno a las actividades presenciales, empezando por las de la economía. Una de las primeras en volver es la industria de la construcción (el 13 de abril). Y en el sistema educativo, lo hacen “las escuelas rurales, en unas 300 de todo el país, a partir del 22 de abril y con una lógica de guardería social de la escuela”. El dirigente recuerda que los propios maestros y maestras rurales son quienes denuncian que este regreso estaba asociado “a cierta zafra, en especial la de la soja, que comenzaba en ese entonces”.
La vuelta a estas clases arranca en la ruralidad y en forma gradual. “Habían pronosticado empezar con mil escuelas, no pudieron hacerlo en más de 300 porque inmediatamente pedimos parar los motores, recordar que hay una emergencia sanitaria y riesgo biológico”, describe. Lo que siguió fue el reclamo por la aplicación de protocolos de cuidado para la actividad pública y para los propios estudiantes, medidas de protección general. Y que –remarca- llegaron para quedarse.
Al mes de haber comenzado la vuelta a las aulas, no se había alcanzado la meta marcada en abril por el gobierno de llegar a las mil escuelas. El riesgo sanitario y la falta de docentes suficientes por estar en la población en riesgo marcaron también un límite.
Otra característica es que el retorno general en el sistema educativo “se hace sobre la base de libertad y la elección de las familias de enviar a sus hijos a las escuelas”, de forma voluntaria. Además con tiempo reducido de la permanencia de los chicos en el centro educativo y cierta periodicidad de su presencia en el aula: un grupo va lunes y martes, el otro jueves y viernes, el miércoles hay desinfección en el edificio escolar. “Por ejemplo, mi hija va a la escuela pública primaria y empezó el jueves 29 de junio. Va dos veces por semana a la escuela, con la mitad de su grupo”, cuenta Olivera.
No hubo una asistencia masiva del estudiantado. Eso llevó a tener una actividad relativa. Y al mes y medio de ese inicio no había superado el 50% del sistema.
Olivera apunta más sobre este regreso: “El 60% del sistema educativo uruguayo funciona en Montevideo y su área metropolitana. Por eso cuando se habla del milagro uruguayo hay que saber que aquí se comenzó por una cuarta parte del sistema educativo. Recién el 29 de junio se estableció en todo el país, a excepción del departamento Treinta y Tres, donde hay un foco de circulación comunitaria del virus”.
La implementación del regreso llevó más de tres meses, sin asistencia obligatoria. En este tiempo la escuela primaria –aporta José Olivera- alcanza entre 55 y 60% de asistencia del estudiantado con cuatro horas por día, dos veces a la semana. Y en un 75% en la educación secundaria, en algunos casos hasta tres veces por semana, en horarios escolares que no superan las cuatro horas. Y en algunos casos, por la rotación que deben hacer, asisten cada 15 días (son escuelas de mucha matrícula). Una situación que podría revertirse al regreso de las vacaciones de invierno (en Uruguay arrancaron ayer 20 de julio y se extienden hasta el 3 de agosto). “Ha sido todo muy lento y complejo. Y muchas de estas decisiones se han trasladado a las espaldas de los trabajadores de la educación”, advierte el Presidente de la FeNaPES.
Compromiso docente
“El hecho educativo está basado en la presencialidad, eso es determinante de los procesos de enseñanza y aprendizaje”, expresa Olivera sobre una certeza clave que refuerza el paso de la cuarentena. Otra cuestión son las decisiones de doble relato tomadas por el gobierno de Lacalle Pou. “Hace un discurso para afuera, pero hacia adentro traslada las responsabilidades del Estado a sus comodidades. Tiene que ver con esa noción de Estado mínimo, que sea el mercado quien resuelva los problemas”.
Sobre ese análisis Olivera dice que hay que entender el trasfondo de por qué Uruguay no adoptó la cuarentena obligatoria: “Fue porque el Estado no estaba dispuesto a asumir una renta básica para las personas, ni tampoco a tocar el capital. Trasladó las responsabilidades a las organizaciones sociales que estamos sosteniendo ollas populares, distribución de viandas de comida, de canastas de alimentos y sanitarias, que los chiquilines lleguen a los centros educativos. Desde el día uno esto lo estamos haciendo desde las instituciones educativas”.
El dirigente también resalta el papel de la docencia uruguaya durante el aislamiento. “Se ratifica el fuerte compromiso político y ético del magisterio con los de abajo”. Y dice que mientras profesoras y profesores asumen esta tarea, el gobierno habla de recortar los rubros destinados a la alimentación escolar.
Como en la Argentina, en la pandemia queda a la vista “el papel clave de la escuela, de la educación pública y sus trabajadores”. Olivera enumera ejemplos cotidianos de esta afirmación, desde “la maestra que iba con su motito a dejarles trabajos en las porteras de las estancias, pasando por las profesoras que se reunieron en los centros educativos a riesgos de su salud para armar canastas con ayuda, hasta los docentes que desde su casa llamaron a sus estudiantes para saber si habían comido o no”. Un compromiso que no dejó afuera la creatividad desplegada para generar propuestas y asegurar el vínculo con el estudiantado.
“Ayer (por la semana pasada) trabajé en un centro educativo donde soy profesor adscripto a la dirección, en la zona metropolitana. Tuvimos la oportunidad de intercambiar con algunos padres, que también venían a agradecer que no se habían quedado sin comer porque hubo un cuerpo docente, que había llamado a su hija, a su hijo, que había acercado una canasta de alimento, de útiles escolares, cosas tan elementales que no costarían nada para el Estado asegurarlas. Pero que no se ha hecho por esta lógica de trasladar a otros, y no de hacerse cargo”.
“Educar, no LUCrar”
“Educar, no LUCrar”, se lee en varios carteles, fotos y hasta en barbijos o mascarillas de confección uruguaya. Es para manifestar el rechazo del magisterio a la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada por el presidente Lacalle Pou y aprobada por el parlamento uruguayo el 10 de julio pasado (una ley de urgente consideración es una norma multipropósito que exige prioritario tratamiento en el parlamento).
“En el marco pandemia y con las restricciones sanitarias, -denuncia Olivera- el gobierno ingresó en el parlamento de manera oportunista un proyecto que ya es ley, que modifica radicalmente el sistema educativo. Pone al Uruguay a tono con la ola conservadora y neoliberal vigente en el mundo y en la región, y sobre todo abre fuertes procesos de cause a la mercantilización y a la privatización de la educación”.
Las modificaciones que introduce la norma –señala el educador de FeNaPES- afectan al gobierno de la educación (concentra todo el poder en la figura del Ministro de Educación); cambian ejes centrales de los fines y objetivos de la educación formal: se introduce la formación por competencias; se le da participación al sector privado en la administración y en la definición de la educación pública. Se desmantela este sistema público de enseñanza que es de larga tradición en el Uruguay, para dar lugar a las lógicas del mundo empresarial como el pago por resultados, el fin de la carrera laboral docente y la adhesión a una especie de proyecto empresarial por centro. “Son cambios estructurales que vamos a combatir”, manifiesta Olivera. De hecho ya han apelado legalmente para revertir la aprobación de la norma.
Olivera remarca que a estas medidas se suman anuncios de recortes en los presupuestos de educación, salud y vivienda. Además de rebajas salariales tanto para el sector público como privado. “El gobierno quiere que los trabajadores asumamos la caída del PBI. Y el capital sigue sin contribuir”.
Olivera integra también el Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), organización de la que FeNaPES forma parte. Olivera alerta sobre los sectores que ven en la pandemia “una oportunidad de negocio”. “Hay una fuerte corriente a nivel mundial –precisa– que empieza a ganar terreno en la región para pensar, refundar y restituir una nueva escuela donde se saque del centro de la escena educativa al docente. No es un planteo paranoico, basta con mirar lo que está pasando en algunos países del primer mundo, donde el avance de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales promovidas por las grandes corporaciones informáticas como Google, Microsoft o Amazon están llevando a los estados a redefinir una nueva escuela, donde la educación básicamente se desarrolla a distancia, a través de plataformas y propuestas educativas estandarizadas, donde se trata de evitar la participación y presencia del docente”.
Para Olivera esto tiene un doble objetivo: atacar el carácter político de la profesión docente y avanzar en el costo de este trabajo: “En el mundo el 75% de los presupuestos educativos tiene que ver con el tema salarial”.
No queda afuera de esta alarma el control de los contenidos. “Ese es el tema central y político –reconoce el dirigente uruguayo–, desde las pruebas estandarizadas hasta aquellos autores que hablan de la formación de capital humano para la economía digital, donde la única orientación posible para nuestras propuestas curriculares es la de la formación por competencia. No enseñemos historia, filosofía, ni arte porque lo que importa es esto de las competencias. Esto hoy se está impulsando fuertemente en la región, incluso desde organismos insospechados que debieran estar promoviendo el desarrollo pleno de la educación pública como un derecho, garantizados por los Estados, como son nada más y nada menos que la Unesco y Unicef”.
Nota escrita por Marcela Isaías para el medio Redacción Rosario de Argentina.
