Los desafíos de la educación brasileña frente a la pandemia y el (des)gobierno de Bolsonaro
Texto por Heleno Araújo Filho, Presidente de CNTE, Brasil
Heleno Araújo Filho, Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil (CNTE), afiliada a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), escribe sobre el contexto que atraviesa actualmente Brasil: los desafíos que enfrenta la educación pública brasileña ante la pandemia y las políticas del gobierno de extrema derecha.
Lea a continuación el texto de Araújo, también disponible en portugués en el sitio web de CNTE.
El pasado 24 de junio conmemoramos 6 años de la Ley 13.005/2014, que estableció el Plan Nacional de Educación (PNE). La conmemoración se debió a la elaboración de un plan de diez años para la educación por parte del conjunto de la sociedad brasileña, que en un debate acumulado desde la Conferencia Nacional de Educación (CONAE) de 2010 y 2014, acordó metas para todos los niveles educativos, las cuales debían cumplir los gobiernos para el año 2024. La decepción es general al constatar que, pasados 6 años de su aprobación, casi el 85% de los objetivos allí firmados aún no han sido cumplidos.
Si el acceso universal se ha logrado parcialmente, la dimensión de la calidad de la educación que Brasil necesita está sufriendo ataques constantes de gobiernos que, por atribución legal, deberían promoverla. Desde la promulgación de la Ley 13.005, se ha hecho mucho para comprometer el cumplimiento de los objetivos registrados en el PNE: la Enmienda Constitucional (CE) No. 95/2016, propuesta aún bajo el gobierno de Temer, ya indicaba que un servicio público que tiene la intención de proporcionar un derecho tan fundamental como la educación pública en nuestro país, no está entre las prioridades del gobierno. La asfixia financiera propuesta por la imposición de que el país no aumentará la inversión en educación pública durante 20 años, y en otras áreas sociales como la salud, por ejemplo, compromete fundamentalmente la calidad en la prestación de este servicio. Y las consecuencias de esta medida, hoy, están totalmente abiertas ante nuestros ojos, especialmente en este período en que enfrentamos una pandemia sin precedentes como la que estamos atravesando.
Esta acción de los recientes gobiernos, contraria a la promoción de una educación pública universal y de buena calidad, da resultados ahora: el Sistema Nacional de Educación (SNE), un instrumento importante para la coordinación de la política educativa pública brasileña, fue revocado por una ordenanza durante la gestión de Mendonça Filho en el Ministerio de Educación (MEC); la inacción del actual gobierno de Bolsonaro al proponer el nuevo FUNDEB, que caducará a fines de 2020, dio protagonismo al Congreso Nacional al proponer un nuevo FUNDEB permanente con una mayor participación del gobierno federal en la financiación de la educación en el país, tema central en el debate legislativo y que debería votarse entre la última semana de junio y principios de julio; la institución y la coordinación del régimen de colaboración, el papel del gobierno federal como gerente central de la educación brasileña, son relegados a un segundo plano; el fomento de la inclusión de todos los estudiantes en las redes educativas del país tampoco parece ocupar un lugar prioritario en la lista de preocupaciones de las autoridades estatales, distritales y municipales, especialmente en estos tiempos de Educación a Distancia (EaD); la formación continua de los profesionales de la educación no ocurre, especialmente en estos momentos en que a todas las personas se les exige que sepan cómo manejar instrumentos tecnológicos para clases remotas; la gestión democrática, tan querida por toda la docencia brasileña, parece haber desaparecido cuando descubrimos que los protocolos y los planes para regresar a clases presenciales simplemente descartan la existencia de representaciones sindicales de trabajadores, estudiantes, padres y madres. Hechos a puerta cerrada, los planes para regresar a clases presentados por los departamentos de educación en los Estados, Municipios y el Distrito Federal, no escuchan a los protagonistas de la educación brasileña. ¡Brasil parece haber perdido la dimensión fundamental de la función social de la escuela en nuestras vidas!
El objetivo 7 del PNE, que trata precisamente de la calidad de la educación y su medición en los sistemas educativos, se está utilizando hoy para promover la entrada abrumadora del sector privado en la educación brasileña. En nombre de la urgencia del momento, están colocando sobre las espaldas de los educadores la responsabilidad del uso de herramientas tecnológicas que, precisamente una política de educación continua, prevista en el PNE y atacada por las sucesivas políticas mercantilistas de los últimos gobiernos, no pudieron ofrecer esta capacitación a nuestros profesionales. Los indicadores de calidad previstos en el PNE siempre han sido acusados de no reflejar la realidad heterogénea y diversa de la educación brasileña. IDEB y PISA, este último una evaluación internacional, ahora son utilizados como argumentos por los sectores privatizadores, que nunca se han preocupado por una buena calidad educativa en la oferta de educación para todos, para avanzar en un proceso de mercantilización del sector y canalización de recursos públicos hacia empresas privadas. La medición de la calidad educativa por la meta 7.36 (incluida en el texto de la Ley por el Congreso Nacional, ciertamente en atención a los intereses privatizadores) coloca en el desempeño del estudiante uno de los criterios para transferir recursos a las entidades federadas.
El debate actual sobre la oferta de una buena educación pública en el país ahora debe centrarse en formas de garantizar y asegurar el acceso público a Internet de banda ancha para todos, así como el acceso a equipos informáticos para los trabajadores y estudiantes. Junto con una política de esta magnitud, y la aprobación de un nuevo FUNDEB permanente con más recursos, esta debería ser la agenda para el debate nacional sobre educación en tiempos de pandemia. La educación a distancia ofrecida por la mayoría de nuestros estados y municipios, y también en el Distrito Federal, no puede prescindir de una política de inclusión y de buena calidad de educación. La educación no presencial solo debe ser un instrumento para ser utilizado de manera esporádica y en caso de emergencia, con el riesgo de promover una educación a distancia excluyente y que no da cuenta de todas las dimensiones de la educación, que solo puede proporcionar el contacto físico entre estudiantes y docentes, así como con otros profesionales de la educación y toda la comunidad escolar, tan olvidada en estos tiempos.
Más que nunca, los educadores brasileños están imbuidos en la construcción de una red de apoyo, solidaridad y resistencia a todo este conjunto de ataques que sufre la educación pública brasileña y que ahora presenta sus impactos. Si la reapertura de las escuelas en un momento como el presente puede significar comprometer la vida de todos, cualquier propuesta de educación a distancia debe hacerse de manera inclusiva y universal, asegurando la asignación pública de nuestros recursos presupuestarios y el diálogo social con todos los segmentos de la comunidad escolar.
