Sindicatos de la educación de América Latina defienden la libertad académica
Gabriela Bonilla, directora regional de la IEAL participó en la IV Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas .
La IV Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las América (CLAA) se realizó el 21 de octubre en las instalaciones de la Universidad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. Este encuentro reunió a personas investigadoras, académicas y docentes universitarias, quienes reflexionaron y dialogaron sobre la importancia de defender la libertad académica en el continente americano.
Gabriela Bonilla, directora regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL) participó como panelista en la reunión, en la cual hizo un repaso por varias investigaciones del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE). Estas investigaciones reflejaron la intromisión de grupos evangélicos en las políticas educativas, el avance de la represión sobre trabajadores del sector público y reformas curriculares y a la carrera docente con influencia de actores no pedagógicos, que responden a intereses económicos e ideológicos.
Estos actores externos entran en conflicto con el modelo de sociedad que defiende la IEAL y sus organizaciones afiliadas desde el espacio del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, el cual incluye la defensa de la libertad académica y el derecho a una educación pública de calidad sin limitaciones para divulgar y compartir saberes. Bonilla enfatizó la importancia de permitir que cada docente diseñe sus clases y que tengan posibilidad de hacer investigación pedagógica e instar a sus estudiantes a pensarse como colectivo para resolver problemas relevantes en los contextos, actuando bajo la enseñanza de Freire de transformar la realidad.
“Los ataques a lo público, a las universidades, a los sistemas educativos y a los sindicatos, dejan una distancia entre las sociedades y las universidades, la academia, los investigadores, y es en esa distancia que caben los ataques y agendas de negocios con la educación”, expresó Bonilla.
La directora regional de la IEAL recordó que el décimo Congreso de la Internacional de la Educación (IE) realizado en 2024 en Buenos Aires, Argentina, defendió la estabilidad laboral como una condición necesaria para el ejercicio y la protección de la libertad académica, y expresó su preocupación por las restricciones y censura a la enseñanza de “materias como la teoría crítica de la raza, los estudios de género y los estudios de anti colonialismo en la educación superior y la educación continua”.
Bonilla cerró su intervención haciendo un breve repaso por algunas de las Recomendaciones de las Naciones Unidas para la profesión docente, por ejemplo la Recomendación 19, orientada a proteger la estabilidad laboral de las personas docentes.
Crecen los ataques pero también las estrategias de resistencia
Además de la participación de la IEAL, la Conferencia contó con la participación de expertos y expertas de toda la región que se refirieron a cómo los ataques a la libertad académica avanzan en distintos países, pero a la vez se fortalecen las estrategias de resistencia sindical, académica y comunitaria.
Camilla Croso, de la CLAA, enfatizó el carácter central del derecho a la libertad académica en los sistemas democráticos. Afirmó que “la libertad académica es un derecho habilitador de los demás derechos. Todavía no está consolidada la noción de que la libertad académica es un derecho humano fundamental”. Agregó que el reciente informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed, situó este derecho en la agenda internacional. Finalmente, subrayó que “es muy importante entender la libertad académica como pilar de la democracia”.
En esa línea, Rosario Figari Layus, de la Universidad de Bonn (Alemania/Argentina), analizó la estigmatización de la comunidad académica, señalada como “casta”, entre otros calificativos,por sectores políticos. Identificó dos grandes tipos de ataques: desfinanciación y precarización que expulsan talento académico, junto con sanciones y censura que incluyen exoneraciones y castigos disciplinarios. Advirtió que “la precarización funciona como un mecanismo de disciplinamiento”.
Figari Layus destacó la creatividad y la acción colectiva como herramientas de defensa. Mencionó la ocupación del espacio público mediante clases abiertas, asambleas y movilizaciones; el acompañamiento entre colegas; las alianzas multisectoriales y con la comunidad científica internacional; la priorización estratégica de proyectos; y el refuerzo de la comunicación pública de la ciencia como estrategias para enfrentar estos ataques.
Finalmente, Estela Rivero, de la Alianza de Investigación Académica en Centroamérica (CARA), se refirió a la situación crítica de El Salvador. Indicó que más de 85 mil personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción que mantiene el gobierno de Nayib Bukele, sin debido proceso y con denuncias de muertes en custodia. “El gobierno responde con hostilidad a quienes documentan estos hechos, mediante amenazas y restricciones financieras”, explicó.
Rivero advirtió sobre una creciente militarización en educación, con medidas disciplinarias severas y prohibiciones como la del uso del lenguaje inclusivo. Describió un deterioro acelerado de la libertad académica, con pérdida de autonomía universitaria, intentos por modificar el marco legal ignorando la autonomía de la Universidad de El Salvador y mecanismos de control laboral mediante la no renovación de contratos.
El discurso oficial que exige neutralidad pretende expulsar el pensamiento crítico de la educación superior. “Este caso demuestra que libertad académica está ligada a la salud de la democracia: su deterioro no afecta solo a académicos sino a toda la sociedad al restringir derecho colectivo a producir conocimiento”, afirmó. Señaló patrones similares en Guatemala y Honduras, más avanzados aún en Nicaragua, y llamó a fortalecer alianzas con organizaciones que defienden derechos laborales.
Las exposiciones durante la conferencia demostraron un panorama complicado para la libertad académica en el continente, pero también permitieron reiterar la necesidad de crear alianzas entre sectores y actores sociales para enfrentarlas y dar la lucha por la defensa de la educación.
