Red de monitoreo y denuncia de violación de los derechos en el sector educación en América Latina
El Comité Regional de la Internacional de la Educación de América Latina en su reunión realizada en La Plata, Argentina, en abril del presente año, definió iniciar un proceso para la organización de una Red que monitoree y denuncie la violación de los derechos en el sector educación en América Latina.
El antecedente de esta decisión ha sido la escalada de violación de derechos humanos, sindicales, laborales y profesionales que el sector de la educación de América Latina enfrenta de manera acentuada hace al menos 4 años. Como conocemos, esta región ha enfrentado un tránsito a partir del 2015, de gobiernos progresistas a gobiernos conservadores de derecha, los cuales han asumido el poder a partir de golpes de estado, con el concurso de sectores judiciales del mismo signo político, la complicidad de la prensa monopólica en cada país, así como con la intervención de las Embajadas de los Estados Unidos; quienes se proponen retomar la influencia política en la región latinoamericana, perdida para los Estados Unidos con la caída del ALCA como proyecto económico de control norteamericano. Dicha política tiene como antecedente de su partida el golpe de Estado propiciado por los militares en Honduras en el año 2009 y los sucesivos en Paraguay y Brasil.
El movimiento sindical de la educación ha sido un protagonista social que se ha opuesto a dicha política y ha venido defendiendo, no solo la educación publica como modelo educativo, el cual debe ser garantizado y financiado por el Estado, sino que también ha desarrollado una estrategia en toda la región para impedir el avance de las políticas privatizadoras y comercializadoras promovidas y asumidas por los sectores empresariales privados nacionales e transnacionales, en asocio con el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Banco Mundial y con el aval de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
En tal sentido, en particular el movimiento sindical del sector educación, se ha convertido en un obstáculo para las instancias mencionadas en aras de lograr el desprestigio de lo público y la utilización del dinero público para el lucro privado en la educación. Dicho contexto ha tenido como consecuencia la acentuación de una estrategia antisindical, violatoria de todo derecho. Aunque esta tendencia no dista de lo que ha vivido el movimiento sindical en América Latina durante décadas, lo cierto es que a partir del 2015 se acentúa la violación de los derechos humanos, sindicales y consecuentemente la estrategia antisindical.
Entre el 5 y 6 de setiembre el Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina, procedió a convocar a la Presidencia y/o Secretaría General de cada organización afiliada en América Latina, junto a abogadas, abogados que de manera permanente trabajan para las organizaciones, con el objetivo de iniciar el proceso de organización de la red para monitorear y denunciar la violación de derechos en el sector educación.
En dicha actividad participaron las siguientes organizaciones:
CTERA/Argentina, CONADU/Argentina, CEA/Argentina, CNTE/Brasil, PROIFES/Brasil, FUMTEP/Uruguay, FENAPES/Uruguay, OTEP-A/Paraguay, UNE-SN/Paraguay, SUTEP/Perú, FECODE/Colombia, ASPU/Colombia, ADP/Republica Dominicana, FAPROUASD/Republica Dominicana, COPRUMH/Honduras, COLPROSUMAH/Honduras, ANDES 21 Junio/El Salvador, ANDEN/Nicaragua, SEC/Costa Rica, ANDE/Costa Rica, MPU/Panamá.
El 6 de setiembre quedó constituida la Red con las organizaciones mencionadas. La Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) articulará con sus organizaciones afiliadas las acciones de monitoreo y denuncia que promoverá la red indicada. Para tal efecto, se habilitará una sección en la página web de la IEAL y se enviará una comunicación oficial con las informaciones por organizaciones y abogados participantes.
De igual manera, las organizaciones que han iniciado la red enviarán a la Oficina Regional las informaciones que serán solicitadas con el objetivo de elaborar un documento que muestre el estado de situación de violación de los derechos en el sector de la educación en América Latina. Una vez el documento elaborado, será presentado a las instancias correspondiente que tratan el tema de la violación de los derechos humanos y sindicales en América Latina y el mundo.
