Paraguay: Más de 20 organizaciones rechazan participación del Banco Mundial en Reforma Educativa

Paraguay 04 de Diciembre, 2018
Audiencia MEC Banco Mundial Audiencia pública sobre acuerdo con el Banco Mundial

OTEP-A y UNE-SN manifestaron su oposición a asesoría del organismo financiero internacional 

Un rotundo no dieron representantes de 24 organizaciones al acuerdo entre el Ministerio de Hacienda paraguayo y el Banco Mundial para que el organismo internacional brinde asesoramiento en el proyecto de reforma educativa 2030. La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica Sindicato Nacional (OTEP-A) y la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional (UNE-SN) rechazaron la participación del Banco Mundial (BM) en la Reforma Educativa. OTEP-A y UNE-SN son afiliadas a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL). 

Líderes de organizaciones religiosas, docentes, estudiantes, académicos de universidades públicas y de la Universidad Católica; sindicatos de docentes y funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), todos rechazaron el acuerdo y pidieron su rescisión. Además criticaron al MEC por su postura improvisada en la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre en la biblioteca del Congreso Nacional. 

Reforma Educativa 

“La reforma de los 90 ya fue asesorada por el Banco Mundial y es un fracaso estrepitoso, por eso yo creo que este acuerdo se debe romper; y aquí la mayoría de las organizaciones estamos en coincidencia con eso”, apuntó Federico Enciso. El joven es estudiante universitario, ex vocero de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes). 

Los docentes y funcionarios del MEC pidieron igualmente que sea la cartera educativa la que encabece el proyecto. En ese sentido, también indicaron que ni la Unidad Ejecutora (UEPP), ni el Consejo del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI), con fuerte influencia del sector privado, encabecen esta iniciativa. 

Fue el primer encuentro con un marco de participación luego de la firma del acuerdo entre Hacienda y el órgano internacional. Pese a las promesas de inclusión de todos los sectores, la iniciativa fue de la Comisión de Educación del Senado, no del MEC. “Me enteré de este encuentro, porque un joven estudiante publicó en las redes, nadie nos invitó”, lamentó un gremialista. 

El ministro de Educación, Eduardo Petta, brilló por su ausencia. En su lugar, estuvo presente el viceministro de Educación Básica, Robert Cano, quien se mostró abierto a revisar el acuerdo y prometió respuestas a la audiencia. 

“Nuestra misión como sistema educativo es formar a los ciudadanos para que mínimamente puedan discernir. Dar comprensión lectora, pensamiento lógico, que nos haga electores conscientes y la curiosidad científica para aprender”, aseguró Cano. Calificó la audiencia como una anticipación de los foros que se organizarán, de momento, con el BM. 
 
24 organizaciones sociales, cívicas, estudiantiles, gremiales participaron de la audiencia pública en el Congreso. 1.000.000 de dólares cuesta al Estado paraguayo el acuerdo con el Banco Mundial, que elegirá asesores, sin recursos. 

Acuerdo cuestionado 

El punto más cuestionado al acuerdo firmado entre Hacienda y el Banco Mundial, en noviembre del año pasado, es que el MEC no tuvo participación alguna en el documento. Pese a que la Constitución Nacional establece que la cartera educativa debe ser la rectora de las políticas públicas en el sector, el Ejecutivo y el Consejo del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación aprobaron el proyecto. 

Además, establece que el Banco Mundial será el encargado de realizar los estudios para luego emitir informes sobre el plan educativo. Incluso, el Estado le cede al organismo internacional la posibilidad de emitir recomendaciones sobre cambios a la carta orgánica del MEC. En uno de sus puntos, el Banco podrá incidir en leyes de financiamiento educativo y del estatuto del educador. 

Del millón de dólares que implica la firma, se ejecutó ya el 30%. Por otro lado, los docentes apuntan como positivo uno de los artículos del documento, que señala que puede ser rescindido por el Estado en cualquier momento, no sin antes una comunicación previa de 90 días.

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