De acuerdo con los registros de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) desde el 2002 hasta la fecha se registran 295 asesinatos de docentes en ese país.

 

(03/12/2009 Colombia) Durante estos últimos años en el gobierno de Álvaro Uribe se ha demostrado una violación a los derechos humanos, pese a que la administración estatal revierte su posición al supuestamente ofrecerle al magisterio garantías con una política de seguridad democrática.

Esta comisión enfatiza que en los últimos veinte años más de 860 docentes fueron víctimas de este tipo de flagelo social. Realmente; dijo FECODE, esto se convierte en una cifra alarmante para un gobierno que es calificado de sus excelentes resultados con una política de seguridad democrática en Latinoamérica. “Es una cortina de humo que en el fondo sólo busca la cruda realidad que vive el magisterio colombiano”, expresó la federación.

La Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) reiteradamente argumenta que los crímenes contra docentes colombianos son pertinentes al quehacer del magisterio latinoamericano. Las autoridades colombianas deben asumir las investigaciones y el compromiso para romper con la cadena de impunidad que ha caracterizado los asesinatos de docentes y para detener las amenazas, hostigamientos (llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos) y los crímenes contra sindicalistas y docentes.

Igualmente, el Estado debe brindar todas las protecciones promulgadas en los Decretos 1645 de  1992 y 3222 de 2003, relativas a los derechos de protección de docentes en calidad de desplazados y amenazados.

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