Convenio 169  de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989).

La  Conferencia  General  de  la  Organización  Internacional del Trabajo:

Convocada  en  Ginebra  por  el  Consejo  de Administración de la Oficina  Internacional  del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribunales, 1957;

Recordando  los  términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos,  del  Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de  los  numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;

 

Considerando  que  la  evolución  del derecho internacional desde 1957  y  los  cambios  sobrevenidos  en  la  situación  de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de  sus  propias  instituciones  y  formas  de vida y de su desarrollo económico  y  a  mantener  y  fortalecer  sus  identidades,  lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando  que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar  de  los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto  de  la  población  de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando  la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales  a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con  la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones   Unidas  para  la  Agricultura  y  la  Alimentación,  de  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  y  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud, así como del Instituto  Indigenista  Interamericano,  a los niveles apropiados y en sus  esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración  a  fin  de  promover  y  asegurar la aplicación de estas disposiciones;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (Núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión; y,

Después  de  haber  decidido que dichas proposiciones revistan la forma  de  un  convenio  internacional  que  revise  el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de  junio  de  mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que  podrá  ser  citado  como  el  Convenio  sobre pueblos indígenas y tribales, 1989.

 

PARTE I

POLITICA GENERAL

 

Art. 1.-

 

  1. El presente Convenio se aplica:

 

  1. A  los  pueblos  tribales  en  países  independientes,  cuyas condiciones  sociales,  culturales y económicas les distingan de otros sectores  de  la  colectividad  nacional,  y que estén regidos total o parcialmente  por  sus  propias  costumbres  o  tradiciones  o por una legislación especial; y,

 

  1. A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una  región  geográfica  a  la que pertenece el país en la época de la conquista  o  la  colonización  o  del establecimiento de las actuales fronteras  estatales  y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan   todas  sus  propias  instituciones  sociales,  económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 

  1. La  conciencia  de  su  identidad  indígena  o  tribal deberá considerarse  un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

 

  1. La  utilización  del  término  "pueblos"  en este Convenio no deberá  interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho  internacional.

 

Art. 2.-

 

  1. Los   gobiernos   deberán   asumir   la  responsabilidad  de desarrollar,  con  la  participación  de  los pueblos interesados, una acción  coordinada  y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

 

  1. Esta acción deberá incluir medidas:

 

  1. Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad,  de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

 

  1. Que  promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos  y  culturales  de  esos  pueblos,  respetando su identidad social  y  cultura, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; y,

 

  1. Que  ayuden  a  los  miembros  de  los  pueblos interesados a eliminar  las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros  indígenas  y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

 

Art. 3.-

 

  1. Los  pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los  derechos  humanos  y  libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

 

Las   disposiciones   de   este   Convenio   se   aplicarán   sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

 

  1. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole  los  derechos  humanos  y  las  libertades fundamentales de los pueblos  interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

 

Art. 4.-

 

  1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar  las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

 

  1. Tales  medidas  especiales  no  deberán  ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

 

  1. El  goce  sin  discriminación  de  los  derechos generales de ciudadanía  no  deberá  sufrir  menoscabo  alguno como consecuencia de tales  medidas  especiales.

 

Art. 5.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

 

  1. Deberán  reconocerse  y  protegerse  los  valores y prácticas sociales,  culturales,  religiosos  y  espirituales  propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

 

  1. Deberá  respetarse  la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; y,

 

  1. Deberán  adaptarse, con la participación y cooperación de los pueblos  interesados,  medidas  encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

 

Art. 6.-

 

  1. Al  aplicar  las  disposiciones  del  presente  Convenio, los gobiernos deberán:

 

  1. Consultar  a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados   y   en   particular   a   través   de  sus  instituciones representativas,  cada  vez  que  se  prevean  medidas  legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

 

  1. Establecer  los  medios  a  través  de los cuales los pueblos interesados  puedan  participar  libremente,  por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción   de  decisiones  en  instituciones  electivas  y  organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y,

 

  1. Establecer  los  medios  para  el  pleno  desarrollo  de  las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

 

  1. Las  consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán  efectuarse  de  buena  fe  y  de  una  manera apropiada a las circunstancias,  con  la  finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento  acerca de las medidas propuestas.

 

Art. 7.-

 

  1. Los  pueblos  interesados deberán tener el derecho de decidir sus  propias  prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la  medida  en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar  espiritual  y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera,  y  de  controlar,  en  la  medida  de  lo  posible, su propio desarrollo  económico,  social  y  cultural.  Además,  dichos  pueblos deberán  participar  en la formulación, aplicación y evaluación de los planes  y  programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

 

  1. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel  de  salud  y  educación  de  los  pueblos  interesados,  con su participación  y  cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo  económico  global  de  las  regiones  donde  habitan.  Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

 

  1. Los  gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se  efectúen  estudios,  en cooperación con los pueblos interesados, a fin  de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio  ambiente  que  las  actividades  de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados  como  criterios  fundamentales  para la ejecución de las actividades mencionadas.

 

  1. Los  gobiernos  deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos  interesados,  para  proteger y preservar el medio ambiente de los  territorios que habitan.

 

Art. 8.-

 

  1. Al  aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán  tomarse  debidamente  en  consideración  sus  costumbres o su derecho consuetudinario.

 

  1. Dichos  pueblos  deberán  tener  el  derecho de conservar sus costumbres   e  instituciones  propias,  siempre  que  éstas  no  sean incompatibles  con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico  nacional  ni  con  los  derechos  humanos internacionalmente reconocidos.   Siempre   que   sea   necesario,  deberán  establecerse procedimientos  para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

 

  1. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir  a  los  miembros  de  dichos  pueblos  ejercer  los  derechos reconocidos  a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

 

 

 

Art. 9.-

 

  1. En  la  medida  en  que  ello  sea  compatible con el sistema jurídico   nacional   y   con  los  derechos  humanos  internacionales reconocidos,  deberán  respetarse  los  métodos  a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

 

  1. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones  penales  deberán  tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos  en  la  materia.

 

Art. 10.-

 

  1. Cuando  se  impongan  sanciones  penales  previstas  por  la legislación  general  a  miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

 

  1. Deberá  darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

 

Art. 11.-

 

La  ley  deberá  prohibir y sancionar la imposición a miembros de los  pueblos  interesados  de  servicios  personales  obligatorios  de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la  ley  para  todos  los  ciudadanos.

 

Art. 12.- Los pueblos interesados deberán tener protección contra la  violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea   personalmente   o   bien   por   conducto   de   sus  organismos representativos,  para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán  tomarse  medidas  para  garantizar que los miembros de dichos pueblos  puedan  comprender  y  hacerse  comprender  en procedimientos legales,  facilitándoles,  si  fuere  necesario,  intérpretes  u otros medios eficaces.

 

PARTE II

TIERRAS

 

Art. 13.-

 

  1. Al  aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos  deberán  respetar  la  importancia  especial  que  para las culturas  y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación  con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que  ocupan  o  utilizan  de  alguna  otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

 

  1. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá  incluir  el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del  habitat  de  las  regiones  que  los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

 

Art. 14.-

 

  1. Deberá  reconocerse  a  los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además,   en  los  casos  apropiados,  deberán  tomarse  medidas  para salvaguardar  el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que  no  estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.  A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

 

  1. Los  gobiernos  deberán tomar las medidas que sean necesarias para  determinar  las  tierras  que  los  pueblos  interesados  ocupan tradicionalmente  y  garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

 

  1. Deberán  instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema  jurídico  nacional  para  solucionar  las reivindicaciones de tierras  formuladas  por los pueblos interesados.

 

Art. 15.-

 

  1. Los  derechos  de  los  pueblos  interesados  a  los recursos naturales  existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos  derechos  comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

 

  1. En  caso  de  que  pertenezca  al  Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener   procedimientos   con   miras  a  consultar  a  los  pueblos interesados,  a  fin  de  determinar  si los intereses de esos pueblos serían  perjudicados,  y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier  programa  de  prospección  o  explotación  de  los recursos existentes  en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre   que  sea  posible  en  los  beneficios  que  reporten  tales actividades,  y  percibir  una  indemnización equitativa por cualquier daño  que  puedan sufrir como resultado de esas actividades.

 

Art. 16.-

 

  1. A  reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo,  los  pueblos  interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

 

  1. Cuando  excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos  se  consideren  necesarios,  sólo  deberán  efectuarse con su consentimiento,  dado  libremente  y  con pleno conocimiento de causa. Cuando  no  pueda  obtenerse  su  consentimiento,  el  traslado  y  la reubicación  sólo  deberá  tener  lugar  al  término de procedimientos adecuados   establecidos   por   la  legislación  nacional,  incluidas encuestas  públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados

 

  1. Siempre  que  sea  posible,  estos  pueblos  deberán tener el derecho  de  regresar  a  sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado reubicación.

 

  1. Cuando  el  retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo  o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados,   dichos  pueblos  deberán  recibir,  en  todos  los  casos posibles,  tierras  cuya  calidad,  cuyo estatuto jurídico sean por lo menos  iguales  a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les  permitan  subvenir  a  sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro.   Cuando   los   pueblos  interesados  prefieran  recibir  una indemnización  en  dinero  o  en  especie,  deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.

 

  1. Deberá  indemnizarse  plenamente a las personas trasladadas y reubicadas  por  cualquier  pérdida  o  daño  que  hayan  sufrido como consecuencia  de  su  desplazamiento.

Art. 17.-

 

  1. Deberán  respetarse  las  modalidades  de  transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

 

  1. Deberá  consultarse  a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

 

  1. Deberá  impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión  o  el  uso  de las tierras pertenecientes a ellos.

 

Art.  18.- La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión  no  autorizada  en las tierras de los pueblos interesados o todo  uso  no  autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los  gobiernos  deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

 

Art.  19.- Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los  pueblos  interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

 

  1. La  asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las  tierras de que disponga sean insuficientes para garantizarles los elementos  de  una  existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; y,

 

  1. El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

 

 

PARTE III

CONTRATACION Y CONDICIONES DE EMPLEO

 

Art. 20.-

  1. Los  gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional  y  en  cooperación  con  los  pueblos  interesados,  medidas especiales  para  garantizar  a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de  empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

 

  1. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier  discriminación  entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos  interesados  y  los  demás  trabajadores, especialmente en lo relativo a:

 

  1. Acceso  al  empleo,  incluidos  los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;

 

  1. Remuneración igual por trabajo de igual valor;

 

  1. Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas  las  prestaciones  de  seguridad  social  y  demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; y,

 

  1. Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las  actividades  sindicales  para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos   con   empleadores  o  con  organizaciones  de empleadores.

 

  1. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:

 

  1. Los  trabajadores  pertenecientes  a los pueblos interesados, incluidos   los  trabajadores  estacionales,  eventuales  y  migrantes empleados  en  la  agricultura  o  en  otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de  estas  categorías  en  los  mismos  sectores,  y  sean  plenamente informados  de  sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;

 

  1. Los  trabajadores  pertenecientes  a  estos  pueblos no estén sometidos  a  condiciones  de  trabajo  peligrosas  para  su salud, en particular  como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;

 

  1. Los  trabajadores  pertenecientes  a  estos  pueblos no estén sujetos  a  sistemas  de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; y,

 

  1. Los  trabajadores  pertenecientes  a  estos  pueblos gocen de igualdad  de  oportunidades  y  de  trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

 

  1. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados  de  inspección  del  trabajo  en las regiones donde ejerzan actividades  asalariadas  trabajadores  pertenecientes  a  los pueblos interesados,  a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de  esta  parte  del  presente  Convenio.

 

PARTE IV

FORMACION PROFESIONAL, ARTESANIA E INDUSTRIAS RURALES

 

Art.  21.- Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de  los  demás  ciudadanos.

 

Art. 22.-

 

  1. Deberán  tomarse  medidas  para  promover  la  participación voluntaria  de  miembros  de  los  pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.

 

  1. Cuando  los  programas de formación profesional de aplicación general  existentes  no  respondan a las necesidades especiales de los pueblos   interesados,   los   gobiernos   deberán  asegurar,  con  la participación  de  dichos  pueblos,  que  se  pongan  a su disposición programas y medios especiales de formación.

 

  1. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno  económico,  las  condiciones  sociales  y  culturales  y  las necesidades  concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto,  deberá  realizarse  en  cooperación  con  esos pueblos, los cuales   deberán   ser   consultados   sobre   la  organización  y  el funcionamiento  de  tales  programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el  funcionamiento  de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Art. 23.-

 

  1. La  artesanía,  las  industrias  rurales y comunitarias y las actividades   tradicionales   y   relacionadas   con  la  economía  de subsistencia  de  los  pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza  con  trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes  del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que  haya  lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

 

  1. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando  sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga  en  cuenta  las  técnicas  tradicionales  y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido equitativo.

 

PARTE V

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD

 

Art.  24.- Los  regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente   a   los   pueblos  interesados  y  aplicárseles  sin discriminación  alguna.

 

Art. 25.-

 

  1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los  pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos  pueblos  los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios  bajo  su  propia  responsabilidad  y  control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

 

  1. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible,  a  nivel  comunitario.  Estos  servicios deberán planearse y administrarse  en  cooperación  con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

 

  1. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse  en  los  cuidados  primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo   estrechos  vínculos  con  los  demás  niveles  de  asistencia sanitaria.

 

  1. La  prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con  las  demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

PARTE VI

EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION

 

Art.  26.- Deberán  adoptarse  medidas  para  garantizar  a  los miembros  de  los  pueblos  interesados la posibilidad de adquirir una educación  a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

 

Art. 27.-

 

  1. Los  programas  y los servicios de educación destinados a los pueblos  interesados  deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar  su  historia,  sus  conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores   y  todas  sus  demás  aspiraciones  sociales,  económicas  y culturales.

 

  1. La  autoridad  competente  deberá  asegurar  la  formación de miembros  de  estos  pueblos  y  su  participación en la formulación y ejecución   de   programas   de  educación,  con  miras  a  transferir progresivamente  a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.

 

  1. Además,  los  gobiernos  deberán reconocer el derecho de esos pueblos  a  crear  sus  propias  instituciones  y medios de educación, siempre   que   tales  instituciones  satisfagan  las  normas  mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

 

Art. 28.-

 

  1. Siempre  que  sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en  la  lengua  que  más  comúnmente  se  hable  en  el  grupo  a  que pertenezcan.  Cuando  ello  no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

 

  1. Deberán  tomarse  medidas  adecuadas  para  asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

 

  1. Deberán  adoptarse  disposiciones  para preservar las lenguas indígenas  de  los  pueblos  interesados y promover el desarrollo y la práctica  de  las  mismas.

 

Art. 29.-

 

Un  objetivo  de  la  educación  de  los  mismos  de  los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de  su  propia  comunidad  y en la de la comunidad nacional.

 

Art. 30.-

 

  1. Los   gobiernos   deberán  adoptar  medidas  acordes  a  las tradiciones  y  culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer  sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y  salud,  a  los  servicios  sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
  2. A   tal  fin,  deberá  recurrirse,  si  fuere  necesario,  a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de  masas  en  las  lenguas  de  dichos  pueblos.

 

Art.  31.- Deberán  adoptarse  medidas  de carácter educativo en todos  los  sectores  de la comunidad nacional, y especialmente en los que  estén  en  contacto  más directo con los pueblos interesados, con objeto  de  eliminar  los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos.

 

A  tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de  historia  y  demás  material  didáctico  ofrezcan  una descripción equitativa,  exacta  e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

 

PARTE VII

CONTACTOS Y COOPERACION A TRAVES DE LAS FRONTERA

Art. 32.- Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por  medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la  cooperación  entre  pueblos  indígenas  y tribales a través de las fronteras,  incluidas  las  actividades  en  las  esferas  económicas, social,  cultural,  espiritual  y  del  medio ambiente.

 

PARTE VIII

ADMINISTRACION

 

Art. 33.-

 

  1. La  autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca   el   presente  Convenio  deberá  asegurarse  de  que  existen instituciones  u  otros  mecanismos  apropiados  para  administrar los programas  que  afecten  a  los  pueblos  interesados,  y de que tales instituciones  o  mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

 

  1. Tales programas deberán incluir:

 

  1. La  planificación,  coordinación,  ejecución y evaluación, en cooperación  con  los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; y,

 

  1. La proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades  competentes  y el control de la aplicación de las medidas adoptadas  en  cooperación con los pueblos interesados.

 

PARTE IX

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art.  34.- La  naturaleza  y  el  alcance  de las medidas que se adopten  para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.

 

Art.  35.- La  aplicación  de  las  disposiciones  del  presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a   los   pueblos   interesados   en   virtud  de  otros  convenios  y recomendaciones,  instrumentos  internacionales,  tratados,  o  leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

PARTE X

DISPOSICIONES FINALES

 

Art.  36.- Este  Convenio  revisa  el Convenio sobre poblaciones indígenas  y tribales, 1957.

 

Art. 37.- Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas,  para  su  registro,  al  Director  General de la Oficina Internacional  del  Trabajo.

 

Art. 38.-

 

  1. Este  Convenio  obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización  Internacional  del  Trabajo  cuyas  ratificaciones  haya registrado el Director General.

 

  1. Entrará  en  vigor  doce meses después de la fecha en que las ratificaciones  de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

 

  1. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

 

Art. 39.-

  1. Todo   Miembro  que  haya  ratificado  este  Convenio  podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha  en  que  se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,  para  su  registro,  al  Director  General  de la Oficina Internacional  del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

 

  1. Todo  Miembro  que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo  de  un  año  después  de la expiración del período de diez años mencionado  en  el  párrafo  precedente,  no  haga  uso del derecho de denuncia  previsto  en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la  expiración  de  cada  período  de  diez  años,  en las condiciones previstas  en  este artículo.

 

Art. 40.-

 

  1. El  Director  General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará  a  todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo   el  registro  de  cuantas  ratificaciones,  declaraciones  y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

 

  1. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la  segunda  ratificación  que  le  haya  sido comunicada, el Director General  llamará  la atención de los Miembros de la Organización sobre la  fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

 

Art.  41.- El  Director  General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos  del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de  las  Naciones  Unidas,  una  información  completa sobre todas las ratificaciones,  declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

 

Art.  42.- Cada  vez  que  lo  estime  necesario,  el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia   una   memoria   sobre  la  aplicación  del  Convenio,  y considerará  la  conveniencia  de  incluir  en  el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

 

Art. 43.-

  1. En  caso  de  que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique  una  revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

 

  1. La  ratificación,  por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará  ipso  jure,  la  denuncia  inmediata  de  este Convenio, no obstante  las  disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; y,
  2. A  partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,   el   presente   Convenio  cesará  de  estar  abierto  a  la ratificación por los Miembros.

 

  1. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido  actuales,  para  los  Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el Convenio revisor.

 

Art.  44 La versión inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

 

 

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