María Teresa CabreraPor María Teresa Cabrera. Ni capricho ni propaganda, la campaña por el 4% del PIB para educación, además de responder a una necesidad, tiene sustento legal e institucional.

 


Hace 13 años, en su primer periodo de gobierno, el Presidente Leonel Fernández, promulgó la Ley General de Educación 66/97, que resultó de un amplio proceso de discusión y negociación inspirado en la pretensión de cumplir uno de los grandes compromisos del Plan Decenal 92-2002.  No por casualidad esta ley establece la obligación del gobierno de dedicar el 16% del presupuesto total, o el 4% del PIB, a la educación preuniversitaria, debiendo escoger la variable que represente el monto mayor para el sector.  La consagración de estos porcentajes como mínimo a invertir en el sector educativo, se orientaba a enfrentar los principales problemas identificados en el diagnóstico del sector al inicio de los 90s.

El incumplimiento del referido mandato legal, explica que en la actualidad exista 11.7% de la población con 15 años o más, que no saben leer ni escribir. De cada 100 jóvenes entre 14 y 18 años 50 están excluidos de la educación del Nivel Medio, 6% de los niños y niñas entre 6 y 13 años, está fuera de la educación del Nivel Básico, el 23% de la población con cinco años de edad y todos los niños y niñas de tres y cuatro años, hijos de familias pobres, están impedidos del acceso a la educación del Nivel Inicial. De los dos millones, 658 mil estudiantes matriculados en el sistema educativo, el 69% está concentrado en apenas el 20% de los planteles educativos; situación que provoca la existencia de aulas con 45, 50 y hasta 60 alumnos/as en la educación básica, mientras en la media encontramos 65, 70, 80 y hasta 90 estudiantes por aula.

No hace falta ser experto para concluir que en esas condiciones resulta casi imposible para las y los docentes atender adecuadamente, las necesidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

Mas. Según un estudio auspiciado por la UNESCO en el 2007, 60 de cada 100 planteles educativos no tienen agua potable ni bibliotecas escolares. Un estudio de la OCDE del mismo año, indicó que unas 14 mil aulas de las existentes debían ser sustituidas o rehabilitadas.

En todas las mediciones nacionales e internacionales de la calidad de la educación, la República Dominicana se ubica en los peores lugares. La investigación del Foro Económico Mundial, nos ubica en el lugar 129 de 131 países, en calidad de educación, mientras en calidad del Sistema Educativo y en calidad en la enseñanza de las matemáticas, el referido estudio nos coloca en el lugar 127. El propio Presidente de la República admitió que el país no cumpliría sus compromisos con las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La razón eficiente de este incumplimiento es sin ninguna duda, la imposibilidad de implementar los programas definidos hacia esos fines, porque el gobierno no asignó los recursos económicos necesarios para implementarlos.

La necesidad de revertir este dramático cuadro, que constituye una tara social que nos avergüenza, es la que justifica el reclamo casi unánime de la sociedad dominicana para que en el presupuesto del próximo año 2011, se dedique el 4% del PIB a la educación.

Para atender adecuadamente a la población estudiantil que está matriculada, así como eliminar el uso de furgones y sombras de árboles como salón de clase, y sustituir las que existen en condiciones deplorables, el Ministerio necesita construir unas 24 mil nuevas aulas. Para garantizar un efectivo proceso de acompañamiento pedagógico que se traduzca en calidad de los aprendizajes que promueve la escuela; el Ministerio necesita los recursos que permitan nombrar a un personal idóneamente calificado para esta tarea. Para pagar un salario digno a los maestros y a las maestras, que le facilite superar la necesidad del pluriempleo y disponer de tiempo pagado para planificar su trabajo educativo y reflexionar permanentemente su práctica pedagógica, así como garantizarles una adecuada y permanente formación y actualización, el Ministerio necesita disponer de recursos financieros  suficiente.

Está claro entonces, que el problema de la educación no es sólo recursos, pero sin dedicar dinero suficiente a este sector no se puede abordar la solución de los déficits que acusamos.

Evidentemente los gobiernos no han tenido voluntad política para hacer la inversión necesaria en la educación  que el país necesita y reclama. Esa ausencia de voluntad de los gobernantes, es lo que justifica la movilización, que en el marco de la campaña por el 4% del PIB para el sector educativo, ha puesto en escena la sociedad dominicana. Es para celebrar que tantos sectores sociales se estén movilizando por esta demanda,  que no es más que la exigencia de garantía de un derecho humano fundamental: educación para todos y todas.

La sociedad tiene que movilizarse con tanto vigor e intensidad como sea necesario para hacer entrar en razón a los tomadores de decisiones, para hacerle entender que no queremos, que no estamos dispuestos/as a postergar por más tiempo la garantía de este derecho. Sigamos todos y todas, sombrilla amarilla en mano,  por el  4% del PIB para la educación.

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